Sobre la elección de autoridades en la UC.

¿Habrá elecciones en la UC este año?

Asdrúbal Romero Mujica (@asdromero)

En estos primeros días del 2014, adondequiera que vaya y me encuentre con gente de la UC me hacen la misma pregunta. Dependiendo del tiempo de que disponga,   a veces me extiendo en una larga explicación –como me ocurrió en una de esas colas bancarias interminables y tan habituales en nuestro país-, en otras me limito a desplegar un gesto de duda. Mis ocasionales interlocutores suelen mostrar sorpresa ante mi respuesta gestual o extendida, por lo que he considerado propicio democratizar mi opinión al respecto.

Con respecto a lo que piensa el Gobierno o mejor, aclaro, lo que se filtró pensaba el Ministro que ya salió (Calzadilla): es casi inexistente la posibilidad de que este año se elabore algún tipo de norma que reglamente con especificidad la novedosa modalidad de estructuración del claustro elector que, muy ambiguamente, se nos ha impuesto por la vía del aparte tercero del Artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). La razón es política. Con la creación por parte del Estado de nuevas universidades oficiales, el sector incluye ya treinta instituciones -según memoria MPPEU de 2012- de las cuales sólo un reducido grupo tiene tradición de elegir a sus autoridades. ¿Para qué entonces se va alborotar un avispero? La puesta en vigencia de un reglamento electoral nacional significaría, en la práctica, una inminente convocatoria a elecciones incluso en aquellas instituciones donde el Ejecutivo disfruta de la prerrogativa de designar a dedo sus autoridades, además con una frecuencia de cambios que llama poderosamente la atención. Hay quienes dicen que la aprobación de un reglamento de tal naturaleza, no generaría en ese hemisferio del planeta universitario donde prevalecen la sumisión y no disidencia ninguna protesta para que se celebrasen elecciones, pero quién sabe. A juzgar por el reconocimiento tras bastidores de Calzadilla, de su preferencia a tener que cohabitar con el trío de “Cecilia, Jessy y Rita” en un CNU mayoritariamente oficialista, en contraposición con el riesgo de perder el poder mágico de su dedo, reitero mi impresión que el Régimen en muy poco coadyuvará para que se celebren elecciones universitarias. Obviamente, esa preferencia del ex ministro, a quien le sería imputable cualquier interpretación peyorativa de lo colocado entre comillas, debía contar con la complicidad de las más altas instancias del Gobierno, por   lo que no creo que la entrada de un nuevo ministro modifique en algo la conclusión ya enunciada.

Señalado lo anterior, planteo la cuestión: qué factores deben sumarse en el seno de una institución para que, a pesar de la inexistencia de un reglamento nacional, puedan darse sus elecciones. En el caso específico de nuestra UC, la Rectora, mediante declaraciones suministradas a los periódicos locales, ha manifestado que este 2014 será el año de renovación de todas las autoridades vencidas. Sin embargo, su ejecutoria previa con relación a este asunto la tiene entrampada. Designó una comisión rectoral que no ha mostrado avance alguno al respecto y la percepción que se tiene, a nivel de diversos sectores de opinión de la comunidad universitaria, es que en el diseño de su integración prevaleció un propósito gatopardiano. En lo que a mí respecta, tengo el máximo respeto por el criterio jurídico de varios de sus miembros. Mi punto es, sin embargo,  que el análisis del problema requiere de una perspectiva más amplia que la estrictamente jurídica.

Si lo jurídico fuese el único aspecto a considerar, yo me inclinaría porque la Universidad, en ejercicio pleno de su autonomía, hiciera respetar el marco legal y reglamentario vigente y se procediera a realizar las elecciones con la integración tradicional de claustro universitario. Esto equivaldría a una especie de declaratoria en rebeldía ante los poderes nacionales, habida cuenta que han sido éstos los que, precisamente, han incumplido con su deber de producir la legislación “especial” estipulada en la segunda disposición transitoria de la LOE. Es decir: prevaleciendo el vacío legal no llenado en cuanto a la legislación específica para las instituciones universitarias, éstas deberían proceder de conformidad a la Ley de Universidades vigente. Por otra parte, estoy convencido que en las circunstancias actuales, el asumir este criterio no conduciría al objetivo deseado: el de lograr la elección de las nuevas autoridades. El Régimen, a través de la aprobación de la LOE ha creado expectativas  a los gremios y otros sectores de la comunidad –docentes contratados y egresados- y cualquier pretensión de evadir la satisfacción de tales expectativas generaría una lluvia de demandas interpuestas ante los tribunales con la finalidad de suspender el proceso electoral. No es difícil predecir lo que ocurriría: a nivel de las máximas instancias tribunalicias se dictaminaría en consonancia con el interés del Gobierno.

¿Qué se impone entonces? Trabajar a marcha forzada en la elaboración de un reglamento electoral interno que sea lo más concertado posible, sobre todo con los gremios (ya sabemos que la concertación total y absoluta es imposible en la Universidad). Ya el tiempo para concertar una solución reglamentaria en el ámbito de todas las universidades autónomas pasó. Una verdadera lástima, porque esto le habría aportado  una gran fortaleza al instrumento normativo que se aprobase y habría resultado mucho más difícil para el Gobierno bloquear su aplicación. Esta fue una propuesta que en su momento hicimos. Pero además de la máxima concertación interna factible, al reglamento debe dotársele del mejor blindaje jurídico alcanzable con relación a “la igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria”, de conformidad a lo que establece el ya mencionado aparte tercero. Esto es de suma importancia, porque no faltarán los desadaptados que, yendo en contra del más amplio consenso interno que se pueda conformar, recurran a los tribunales a fin de conspirar contra el ejercicio de la democracia universitaria, principio fundamental de nuestra autonomía. En este sentido, me atreví hace ya algunos meses a presentar en dos entregas del artículo “Elecciones Universitarias” –las cuales pueden leer en este blog- una propuesta concreta. Lo hice con la mayor buena fe, buscando romper el celofán a fin de que se iniciara una discusión. Nadie exteriorizó algún comentario en esta universidad autista que tenemos hoy por hoy. Mucho menos: invitarme a un foro o al seno de cualquier comisión ad hoc que se designara para recibir la exposición de mis ideas. Ni siquiera tuve apoyo público de los varios y diversos actores políticos que me incentivaron a que plasmara por escrito una propuesta. Todo esto, a pesar de mi condición de ex rector y de haber manifestado en múltiples ocasiones mi firme disposición a no ser candidato a nada dentro de la UC.

Se comprenderán ahora mis dudas con respecto a la reiterada interrogante que me han hecho en estos inicios de año. Percibo extremado cansancio en los miembros de la comunidad con respecto a esta gestión rectoral, notablemente superior a lo naturalmente comprensible en estos tiempos de crisis y de fin de período rectoral. Por cierto, la última vez que varias personas se me acercaron para interpelarme con la consabida pregunta fue en el velatorio de Gloria Araujo, quien fuera Jefe de Nómina en mi época como Vicerrector Administrativo y Rector. Una gran colaboradora, excelente empleada universitaria y digna representante de esos héroes anónimos que laboran en el Rectorado y dan todo de sí para que la Universidad siga administrativamente funcionando. Estas líneas las he escrito en homenaje a ella, en remembranza de esa universidad que fue y ya no es.