viernes, 31 de marzo de 2017

Un llamado al orden que no pierde vigencia


Manuel Rosales y la dispersión de voces opositoras


Asdrúbal Romero M. (@asdromero)


El texto que a continuación leerán fue escrito antes del golpe de estado en modalidad “Fujimorazo” que el Régimen ha activado. Como les resultará obvio, este trascendental acontecimiento redimensiona la pertinencia de algunos elementos contenidos en este documento. Creo, sin embargo, que el mensaje central mantiene plena vigencia. Hay conductas que deben quedar registradas, que no se pueden dejar pasar, así sea en medio de un terremoto cuyo ruido telúrico tienda a ocultarlas bajo la figura de olvidado refrito.

Después del descalabro opositor de finales del 2016,  devino una especie de limbo temporal caracterizado por una desorientación estratégica que afectó, no sólo a los partidos directamente comprometidos en el aval concedido al comunicado producto del fracasado diálogo, sino a los partidos que rechazaron participar en el mismo. ¿Cómo iba a quedar la Unidad? Era una interrogante a la orden del día, la cual hacía mucho sentido planteárnosla, evidenciada la importante fractura alrededor de un tema sustantivo para las fuerzas democráticas. ¿Se podría recomponer la Unidad? ¿En qué términos y con cuál orientación estratégica concertada?

 Con relación al descalabro, debo decir que, a las primeras de cambio, intentó ser negado por diversos personeros de los partidos retratados en el previsible fracaso.  La intención duró hasta que los estudios de opinión reflejaron el incontrovertible rechazo de la opinión pública con respecto a lo acontecido, aunado éste a la incubación de un creciente sentimiento de desesperanza en la población. Vino en su auxilio el proceso de validación de los partidos políticos ordenado por el CNE, lo cual abrió un paréntesis a ese lapso de desorientación estratégica al cual ya hicimos referencia.

Nos encontramos dentro de ese paréntesis. Los partidos opositores con mayor apoyo popular enfrascados en unas jornadas de validación que  les están resultando muy exitosas. Una reestructuración de la MUD que todavía no se ha hecho sentir, entendible por lo demás. Uno reza porque allí dentro estén trabajando a marcha forzada en el rediseño de una línea estratégica que preserve la unidad y pueda ser efectiva de cara al desafío que viene proponiendo el Régimen. Éste, en su afán de no permitir una salida electoral, da la impresión de mantenerse apegado a un plan cuidadosamente preestablecido de continuar avanzando hacia un estadio dictatorial abierto, sin máscaras democráticas, contando con un apoyo internacional que hasta ahora no ha sido necesario develar en su total dimensión. Para los que no estamos tan cerca de los círculos privilegiados de información, las interrogantes que nos hacíamos antes de entrar al paréntesis siguen teniendo vigencia.

¿Cómo será el reacomodo estratégico después de las jornadas de validación? ¿Participarán en él todas las fuerzas que previamente integraban a la Unidad? ¿O, como tan bien lo expresó un amigo articulista, habrá que “separar el grano de la paja y dar los pasos para constituir una referencia opositora consecuente” que no incluya entre sus filas enclaves de la “leal oposición al señor Maduro”? Esta ácida interrogante consigue su pertinencia, cuando uno lee declaraciones de un presunto dirigente fundamental de la oposición que, comunicacionalmente, le hace un muy flaco favor a ésta.

Me refiero al Sr. Manuel Rosales, quien, mediante comunicado escrito fija su posición con respecto a la posible aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. En él, aunque expresa varios criterios razonables, suelta la siguiente perla, cito: “La oferta de la realización de elecciones generales adelantadas no tiene ningún basamento constitucional, contrario a la realización de elecciones regionales y municipales, que deben hacerse este año”. Me permitiré hacer los siguientes comentarios:

1.    Ciertamente, no existe la figura de adelantamiento de elecciones presidenciales en nuestra constitución, pero no puede ser que a un importante dirigente opositor, al cual se le endilga la condición de avezado político, se le haya escapado que el planteamiento de unas elecciones generales adelantadas –que incluyen además de las regionales, la elección presidencial y de una nueva Asamblea Nacional- ha sido una propuesta asumida por la Unidad, para ser llevada a la mesa de diálogo como una vía de resolución política a la actual crisis que tan, dolorosamente, aqueja al país. El Sr. Rosales, líder principal del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), con esa infeliz afirmación se permite contradecir tal criterio unitario.
2.    La fórmula de elecciones generales adelantadas es una propuesta que tiene su basamento en la correcta auscultación que ha hecho la Unidad de dos grandes aspiraciones del muy mayoritario pueblo opositor. En primer lugar, se aspira y se apuesta a una salida electoral y pacífica de esta crisis. El pueblo ha dado muestras fehacientes de querer votar, de querer despedir a quienes mal nos gobiernan por la vía de expresar esa decisión suya en las urnas electorales. Pero además, en segundo lugar, no quiere esperar para eso hasta el final del período presidencial, porque ya ha internalizado, colectivamente, que la crisis, como tendencia nefasta, no se detendrá hasta tanto no se produzcan las medidas correctivas que puedan revertirla. Y, adicionalmente, ya ha quedado demostrado hasta la saciedad que estos señores carecen de la voluntad y del requerido conocimiento para poder aplicar tales medidas. El pueblo ya está cansado del continuado espectáculo alrededor de más de lo mismo.
3.    La Unidad bien sabe que el pueblo le acompañará, masivamente, en cualquier iniciativa electoral tendiente a acabar con esta pesadilla. Por eso se activó con el Referéndum Revocatorio, que sí era una salida constitucional y fue el Régimen quien impidió su realización. Tiene sentido entonces, perfectamente, plantear en la mesa de las negociones políticas las elecciones generales adelantadas. Así lo entiende el Secretario General de la OEA, consciente de la existencia de una crisis humanitaria de proporciones incalculables, y así debiera entenderlo usted también, Sr. Rosales, salvo la existencia de motivaciones ocultas que no pueda compartir a la luz pública.
4.    Constituiría para la Unidad un craso error: centrar la lucha política en los tiempos por venir en un pedimento exclusivo de elecciones regionales tal como el Sr. Rosales lo deja deslizar. No porque no se pueda ganar. El Régimen está tan mal, que las podría perder todas aún con los bajos índices de participación electoral que se podrían producir al no visualizar los ciudadanos, en ese evento electoral, el pronto viraje que se requiere para comenzar a salir de la crisis. El tema es que la unidad de los factores democráticos no puede darse el lujo de arriar su bandera de “Elecciones Generales Ya” si no quiere correr el riesgo de acrecentar la incipiente desafección popular hacia ella y la potenciación de otras alternativas conducente a una fragmentación significativa del voto opositor –hasta ahora se la ha mantenido muy minimizada-. Es más, en mi opinión y la de otros analistas: debe enmarcar esa bandera dentro del llamado general a reivindicar el derecho a elegir, en un país donde el Régimen ha venido conculcando ese derecho en universidades, sindicatos, gremios profesionales y en todos los espacios donde se reconoce perdedor, como ahora también lo pretende hacer en el ámbito regional.

Expresados estos comentarios en los cuales, además de permitirme criticar la postura del Sr. Rosales –supongo también que es la de UNT-, hago algunas consideraciones sobre uno de los objetivos estratégicos que la Unidad debería plantearse en ese rediseño que debería estar adelantando: “Elecciones Generales Ya”, exteriorizo mi preocupación sobre la dispersión en voces y criterios de la Unidad Democrática. Es un tema sobre el cual también es muy necesario tomar medidas. La Unidad no puede correr el riesgo –insisto en los riesgos- de ser percibida como un saco de movimientos donde cada uno se moviliza de acuerdo a intereses sectoriales. Máxime cuando  nos enfrentamos a una unidad monolítica en sus ejecutorias políticas – así adentro se estén cayendo a dentelladas-.

Hay que discutir todo lo que haya que discutir y hasta donde sea necesario, pero hacia afuera una sola postura, no ese espectáculo que confunde e, incluso, conduce a sospechar de la preeminencia de intereses subalternos en desmedro del gran interés general. De persistir actitudes como la del Sr. Rosales, tendrán las organizaciones consecuentes que abocarse a separar el grano de la paja.




sábado, 18 de marzo de 2017

El tercero de la trilogía universitaria: Los Destructores y la Universidad

No Dejar Morir a la Academia


Asdrúbal Romero M. (@asdromero)


I-La decantación a dos alternativas


El objetivo de esta tercera entrega es más concreto. El problema de cómo la inviabilidad financiera de las instituciones está socavando, severamente, la posibilidad  de realización de las actividades académicas conforme a estándares mínimos de calidad ya fue planteado en la primera entrega. En la segunda, presentamos el contexto estratégico dentro del cual estamos constreñidos, a los efectos de explorar alternativas tendientes a conseguir recursos financieros adicionales que, inyectados a las unidades organizacionales donde se gestiona la Academia, las facultades, contribuyan a paliar al máximo de lo que pueda ser factible el gravísimo problema que tenemos entre manos.  El objetivo fundamental, tal cual como lo enunciamos, es no dejar morir a la Academia en el altar de una inviabilidad, cuya resolución puede tomar un período de tiempo mucho mayor al que avezados analistas se atreverían a pronosticar.

Postulamos tres alternativas para la consecución de ese financiamiento adicional –sigue sin ocurrírseme alguna otra-. De ellas, la primera: incremento en la generación de ingresos propios mediante la prestación de servicios a terceros,  la descartamos por su insuficiente potencial en la actualidad habida cuenta del pavoroso escenario por el que transita la economía del país. Sobre las otras dos alternativas: recursos provenientes de ahorros que se obtengan del cierre o suspensión temporal de actividades no directamente relacionadas con la función primordial de la Universidad o cofinanciamiento mediante aportaciones estudiantiles, a duras penas alcanzó en la segunda entrega para enunciarlas.  El sólo hacerlo ya induce temor, es como mentar la soga en la casa del ahorcado.

Sin embargo, creo que en las actuales circunstancias ningún tema puede ser prohibido cuando lo que está en riesgo es la esencia misma de lo que es la misión de la Universidad. La finalidad de esta tercera entrega es presentar algunas consideraciones y comentarios sobre la viabilidad de ambas alternativas. Un terreno espinoso que apenas se comienza a explorar. Una primera aproximación que podría ser útil a instancias de cogobiern0, que decidiesen abordar estas complejas temáticas con la exhaustividad requerida para tomar decisiones. 

 

II-Sobre la alternativa del Redimensionamiento Organizacional


A lo largo de su historia, la universidad venezolana se ha resistido a arroparse hasta donde le llegue la cobija. Lo tradicional ha sido el dejarse seducir por la ambición de ampliar su estructura organizacional. No sólo para diversificar su oferta académica, crear nuevos núcleos –en algunos casos bastante distantes, geográficamente, de su centro de poder-, sino también para asumir funciones que no están “tan” directamente vinculadas al triángulo docencia-investigación-extensión, constitutivo del núcleo de la misión para la cual fueron creadas (no me refiero a las funciones de carácter social que realiza en beneficio de la comunidad estudiantil –transporte, comedor, atención en materia de salud, etc.- las cuales, se sobreentiende, lleva a cabo por delegación del Estado, a quien corresponde asumirlas, y por las que debiera recibir en suficiente cuantía recursos financieros, específicamente, orientados a ese tipo de actividades). Por supuesto que el tema es harto discutible, de allí el “tan” entrecomillado. Siempre se podrá aludir a alguna especie de cordón umbilical que relacione la función bajo escrutinio con la Academia, sobre todo con la extensión. Casi todo es extensión, por lo que no debe extrañar que los mayores excesos se hayan cometido relacionados a esta arista del triángulo. Puede ser muy bueno, por ejemplo, que la Universidad preste servicios odontológicos en un área de extrema vulnerabilidad social, pero si se plantea que la Institución para acometer dicha labor de extensión debe asumir de forma exclusiva los altos costos involucrados –sin ayuda del gobierno local o alguna ONG- el compromiso tendría que ponerse  a la luz del tamaño de la cobija. Pero, en la mayoría de los casos no ha sido así.

Cuando era Rector, solía decir que la Universidad se comportaba como el gas. Cada vez que una nueva sede era inaugurada para mudar allí alguna dependencia, podía asegurar que ante el despacho ya se habrían tramitado unas cuantas solicitudes para crear nuevas unidades organizacionales ocupando la vieja sede, así estuviese ella bastante destartalada. Después vendrían las solicitudes de remodelación y de nuevo personal. La Universidad, como el gas, ocupaba todos los espacios. Los nuevos y los viejos. Muchas veces, las solicitudes estaban sustentadas en buenos propósitos, excelentes ideas, pero nadie se preocupaba por la sostenibilidad financiera del proyecto.  Esta ambición de crecer fue parte de nuestro ADN organizacional. Y así llegamos con instituciones sobre dimensionadas a estos tiempos, que más que de vacas flacas son de ruinosa inviabilidad, difícilmente irreversible en el mediano plazo además.

La inviabilidad afecta a la Academia, ya lo hemos repetido incesantemente, pero también mantiene prácticamente inoperativas a muchas dependencias por muy diversas razones –carecen de recursos con que operar, intolerables condiciones de trabajo, etc.-. La inviabilidad no discrimina. Su aliento paralizante entumece por igual a dependencias fundamentales con un largo historial, así como a dependencias cuya creación en un pasado más reciente dio concreción a bien intencionados objetivos. Algunas, las derivadas de visiones más ambiciosas son doblemente castigadas, no sólo tienden a paralizarse sino que develan en palpable desnudez la carencia de sustentabilidad financiera de los proyectos que les dieron vida. Si la universidad contratase a un asesor externo que visualizara el problema, asépticamente, y sin consideración de la asfixiante relación con el régimen destructor, recomendaría de inmediato dos cosas: detener el crecimiento y la implantación de una auditoría de pertinencia y viabilidad de todas las unidades organizacionales, en aras de generar una propuesta conducente a redimensionar la Institución. ¡Empequeñecerla!

De estas dos recomendaciones, debería asumirse, de inmediato, la detención del crecimiento. La Universidad debe prepararse para lo que viene. Pienso que también debería iniciarse la mencionada auditoría. A fondo, lo cual tomará tiempo. Hay que ir avanzando en ella, sin que ello deba implicar una reducción de la estructura organizacional a la vuelta de la esquina. La concreción de la alternativa de redimensionamiento es demasiado traumática en el contexto actual, considerando la crisis humanitaria que aqueja al país. Además, si el objetivo que se persigue es reducir gastos a fin de poder reinyectar recursos adicionales para mejorar la funcionalidad de las áreas académicas, es menester tomar en cuenta al otro actor, el Régimen Destructor, en el tablero de decisiones al cual hacíamos referencia en la segunda entrega.

¿Por qué? El Régimen ha venido introduciendo cambios en el mecanismo de asignación presupuestaria a las Universidades. Lo ha ido refinando de conformidad a sus objetivos. En la actualidad, los recursos correspondientes a gastos de personal son enviados a las instituciones en función de la nómina de personal ubicado en la respectiva estructura de cargos, la cual debe serle remitida al Ministerio como requisito previo.  En la Cuarta República, a las instituciones se les controlaba el crecimiento de las nóminas –el número de docentes, empleados y obreros incorporados a ellas-. Es mi percepción que este régimen ha permitido el relajamiento de este mecanismo de control –lo cual tiene un sentido que explicaremos más adelante-. Sólo así se explica que algunas instituciones hayan podido incrementar el número de personas adscritas a ellas de la forma tan sorprendente como lo han hecho –no puedo afirmar con propiedad que han sido todas porque no hay estadísticas disponibles-. El ahogo presupuestario que este régimen ha practicado en contra de las universidades ha sido, enfáticamente, dirigido a las partidas de inversión y gastos de funcionamiento. No así en lo atinente a los rubros de personal, con relación a los cuales pareciera que el esquema más bien ha sido: la Institución incorpora personal a su nómina y el Gobierno paga.

El empobrecimiento salarial del personal universitario tiene que ver más con el control centralizado que tiene el Régimen de la normativa laboral, que le ha permitido aplicar de manera reiterada en el tiempo incrementos insuficientes con respecto a la inflación. Se encuadra dentro del empobrecimiento general de los sueldos y salarios en el país, pero no se debe confundir con cerco presupuestario a las universidades.  Este régimen estrangula los gastos operativos pero afloja en los de personal. Se pueden mencionar casos en los cuales ha incentivado la transferencia de unos a otros. Por ejemplo, en su intención de reducir al máximo las partidas orientadas a cubrir gastos de funcionamiento ha hecho casi imposible el que se puedan contratar empresas de prestación de servicios de limpieza y vigilancia. Estas contrataciones han tenido que reducirse al mínimo o eliminarse, al mismo tiempo a las instituciones se les ha permitido incorporar trabajadores para que realicen ese tipo de funciones. Valorando este cambio de política con generosidad, podría deberse a un cambio de paradigma laboral que apunte a eliminar lo que suele denominarse como “outsourcing”. ¿Bueno o malo para la Universidad? Según mis experiencias, muy malo, ineficiente e improductivo. Pero narrarlas está fuera del alcance de este texto.

Yo tengo otra teoría. Este régimen no da puntada sin dedal.  Lo que los “Destructores” han acariciado como objetivo es lograr que el mayor número de personas posible dentro del país dependa de él. ¿A cuántos millones de venezolanos no los tienen ya dependiendo de los famosos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs)? ¿Y a cuantos otros no nos tienen dependiendo desesperadamente de unos sueldos míseros quince y último? De allí: el miedo generalizado. Por eso, la nómina de la Administración Pública se ha inflado de manera tan absurda. Mi hipótesis es que a las universidades las han hecho parte de ese diabólico esquema.  A todo el aparato público lo han venido engordando como si fuera uno de esos cochinos que, de tanto engordarlos para sacarles el mayor de los provechos en su sacrificio, llega un momento en que ya no pueden caminar. Así le ocurre en este país a los tribunales, hospitales, empresas autónomas,…, universidades. Grandes estructuras consumidoras de nómina que han venido progresivamente pudiendo hacer mucho menos de lo que deben hacer, hasta verse entrampadas en el marasmo de su inviabilidad operativa.

Expuesto el diabólico esquema, en un largo inciso, ahora podemos conectar con nuestro tema: ¿Pudiera una alternativa de redimensionamiento organizacional generar ahorros para utilizarlos en beneficio de la Academia? En principio no. Bajo el esquema del Régimen Destructor, gastos de personal que se ahorren, se lo quedan ellos. A menos que se intente negociarlo y admitan la reorientación de recursos. Debería planteárseles. ¿Podría deparar tal negociación una respuesta positiva? La respuesta se la dejo a mis lectores. Entretanto, las instituciones deberían acometer un esfuerzo supremo de reducción de gastos operacionales a nivel de la administración central, a objeto de insuflarle el mayor oxígeno posible a la actividad académica que se realiza en las facultades.

Antes de pasar a la alternativa que nos queda, no he podido sustraerme a la tentación de enunciar otra propuesta que se le podría plantear al Gobierno. Dada la crónica insuficiencia de los recursos que se están recibiendo para mal cumplir esas, ya mencionadas, funciones de carácter social que la Universidad realiza por delegación del Estado,  lo cual nos genera un gran problema y masivo descontento estudiantil: ¿No se podría proponerles que se les devuelve esa responsabilidad? En todos los países que funcionan, la responsabilidad, por ejemplo, de transportar los estudiantes hacia sus sedes universitarias es de los entes de transporte público, usualmente gestionados por los gobiernos locales –quizás con subsidios del gobierno nacional para cofinanciar los significativos descuentos de los bonos de transporte para los jóvenes-. ¿Hasta cuándo puede la Universidad gestionar servicios para los que no recibe suficientes recursos y que, en verdad, no le competen a ella sino al Estado? Tampoco es que esta iniciativa vaya a generar unos ahorros reinyectables a la Academia, pero al menos coloca la responsabilidad a cargo de quien por ley debe gestionarla y simplifica los objetivos organizacionales de la Universidad. Zapatero a sus zapatos, la Universidad enfocada en la Academia, ¡cómo debe ser!


III- ¿Pueden los estudiantes ser parte de la solución? ¿Deben?


Hemos dejado para el tramo final el análisis de la alternativa más anti paradigmática, por cuanto implica una ruptura, aunque sea parcial, con el paradigma de la gratuidad que, a lo largo de toda la historia del subsistema universitario de financiamiento público, se ha mantenido como un calificativo inseparable del concepto de universidad popular. ¿Están los estudiantes en esta Venezuela empobrecida de la segunda década del Siglo XXI en posibilidad de contribuir, financieramente, para que la actividad académica se pueda realizar en condiciones más idóneas? ¿Deben hacerlo?

Nótese que se plantean dos interrogantes. Con relación a la primera, tiene sentido hoy día preguntarse si la posibilidad de contribuir con miras a lograr un impacto lo suficientemente significativo sobre la calidad académica todavía existe –obviamente suponemos que anteriormente existió aunque no fuera utilizada-. Como lo hemos dicho tantas veces: Venezuela viaja en un ascensor empobrecedor hacia abajo, cada vez más distante del piso y a mayor velocidad. Lo que anteriormente era una familia perteneciente a lo que, comúnmente, se denominaba clase popular, en la actualidad estará sumida en condiciones de pobreza extrema con muy contadas excepciones. Mi hipótesis es que los estudiantes provenientes de esos otroras estratos populares, muy difícilmente habrán podido mantenerse en las aulas universitarias. Puede ser que todavía estén inscritos, pero de allí a que puedan ejercer sus funciones como estudiantes activos se ha constituido en una brecha insuperable que se amplía día a día. Simplemente, los costos conexos a la condición de ser estudiante universitario, aun siendo gratuitos estos estudios, se les han tornado impagables.

El consecuente fenómeno es una visible merma en las aulas. Una merma de la que se debería hablar más en las altas esferas universitarias. Una merma que representa miles de oportunidades perdidas que no se computan. La Universidad ha dejado de ser esa maravillosa máquina de la movilidad social. Ha perdido ese perfil popular que tanto nos enorgullecía, aunque, en cierta forma, siga reteniéndolo si computamos a los estudiantes provenientes de las familias de la otrora clase media, hoy empobrecida, como los nuevos representantes de las clases populares. Son los efectos del ascensor que no se detiene.

Es una hipótesis. Revestida de cierta lógica, pero al fin y al cabo una hipótesis, cuyo único efecto práctico es la invitación que de ella se deriva para que las instituciones asuman, de inmediato, una seria investigación sobre el perfil socio económico de su estudiantado. Del que está acudiendo a las aulas, porque es menester sincerar también, de una vez por todas, la nómina estudiantil. La Universidad debe investigarse a sí misma. Producir sus propias estadísticas a fin de obtener una nítida radiografía de su estado actual. No puede estar ausente del conjunto de objetivos específicos de ese estudio de sí misma, la indagación sobre las posibilidades de la población estudiantil como sector contributivo a la sobrevivencia de la Academia en las actuales circunstancias. No puedo decir, escribiendo entre cuatro paredes, que en el sector estudiantil resida una solución. Hay que indagar al respecto partiendo de datos reales. Insisto en esta idea: lo que no se puede hacer ante la grave problemática que nos afecta es no hacer nada. Hay que mover las piezas.

Si yo extendiera mi hipótesis un poco más allá: me atrevería a decir que la mayoría de los estudiantes que permanecen en las aulas universitarias provienen de la educación secundaria privada. Pero este hipotético escenario, considerando el contexto de severo empobrecimiento de todos los estratos sociales exceptuando a los de mayor ingreso, no aporta el suficiente sustento como para afirmar que en ese sector de la población estudiantil estén dadas las condiciones de potencial económico utilizable de cara al objetivo que hemos planteado. Se requiere de una observación más profunda, porque hoy día en ese sector confluyen realidades socio económicas bien disímiles. Bien bueno para algunos padres que sus hijos ya accedieron a una educación universitaria gratuita y, por ende, no tienen que pagar una educación privada que ya no estarían en condiciones de poder pagar. Pero esa no es la realidad de todos los padres. También los hay quienes invirtieron en una educación secundaria de calidad para sus hijos pagando costosas matrículas en prestigiosos colegios privados, que siguen teniendo margen económico como para continuar invirtiendo en una educación universitaria de calidad y que, sencillamente, envían a sus hijos a la universidad nacional gratuita porque siguen percibiendo en ella el mejor reducto de calidad académica donde sus descendientes se pueden formar. Cuántos de ellos no se sienten orgullosos en que sus hijos puedan acceder a una UCV, a una ULA, a una UC, etc.

Es pertinente y necesario traer a colación un tema que para muchos pasa inadvertido. La segmentación de calidad que existe a nivel de la educación secundaria –la existencia de un profundo desnivel entre la calidad de la educación secundaria pública y la de algunas instituciones privadas-, no ha tenido un espejo a nivel de la educación universitaria. Todavía es percibido por muchos padres y jóvenes aspirantes a ingresar al subsistema de educación superior que la educación universitaria de mayor calidad es provista en algunas de las universidades nacionales –las que denomino las universidades de verdad-.  Esos padres quizás no tengan conciencia que ese último reducto de calidad académica para sus hijos está muriendo. ¿No estarían dispuestos ellos a contribuir con un aporte para tratar de garantizar que sus hijos puedan continuar recibiendo formación en laboratorios mejor equipados, aulas bien iluminadas y mejor protegidas,…? Y no me atrevo a decir con profesores mejor pagados, porque este ya es un tema que ubico en el escenario de “construcción” –ver segunda entrega-. Hacia lo que apunta esta reflexión, es a la necesidad de involucrar a los padres en el diseño de la necesaria acometida estratégica que la Universidad debe emprender en su objetivo de salvamento de la Academia. Esto implica también un cambio radical, anti paradigmático, en el discurso de la Universidad. Un discurso dirigido también hacia los padres.

La principal conclusión que se puede extraer de esta especie de tormenta de ideas, es la necesidad de  levantar la información pertinente de cara a escudriñar la posibilidad que se propone en esta alternativa. Sólo del análisis de la data real, se podrá valorar su factibilidad. Y de ser factible, el estudio y selección de la modalidad que puede ser aplicada. Una cosa si es cierta, el aprobar una normativa al respecto por las máximas instancias universitarias le aportaría orden a un proceso que ya comienza a aflorar de manera muy desordenada en algunas instituciones –dependencias académicas como cátedras y departamentos asumiendo de manera autónoma y discrecional solicitudes de contribución a sus estudiantes para poder funcionar-.

Con relación a la segunda interrogante: ¿Deben los estudiantes y/o sus padres hacerse parte de un esquema de contribución financiera hacia las universidades? Una pregunta que, seguramente, concitará un interminable debate en el seno de las comunidades universitarias. Un debate que se distancia del espacio de las ideas pragmáticas en el que me he movido, para elevarse a uno más abstracto en el que se confronten argumentos axiológicos. El SÍ a esta pregunta para muchos será asimilable a RENDICIÓN: la cesión de un derecho largamente adquirido. Ya me parece escucharlos, van a ser los mismos que todavía dicen en sus discursos “Con la Universidad no podrán” –se refieren a “LOS DESTRUCTORES”-. Cada vez que oigo esta expresión repleta de un bien intencionado voluntarismo, me embarga la convicción de que existe un error en el tiempo verbal de esa oración. Se refieren a un futuro imaginario por ser deseable, al que yo antepongo un antepresente “Con la Universidad han podido” o, quizás con mayor precisión, un gerundio progresivo “Han venido pudiendo”. Han venido haciendo con nosotros los que le ha dado su real gana. Por no habernos sabido defender –afirmación que asumo en términos de nuestra responsabilidad colectiva-, nos han arrinconado hacia una esquina donde lo más triste, para algunos, es ver morir a la Academia.

Soy plenamente consciente de la dureza de mis afirmaciones pero así lo siento. Y por ello, eludo participar en un debate a desarrollarse en un espacio que ha sido vaciado por “LOS DESTRUCTORES”. ¿Cuál es el derecho al que se renuncia? ¿Al de una farsa académica con gratuidad? Porque a eso vamos tendiendo: a farsa académica. Si las universidades continúan, inalterablemente, su recorrido por la trayectoria en la que transitan, se hundirán en la mediocridad. Ningún gobierno que venga después de los bárbaros destructores, de estos “Atilas” del siglo XXI, sea de transición o puramente integrado por la actual oposición, contará con recursos para imprimirle viabilidad a un modelo que se agotó. Por esta razón, prefiero poner a pensar, reflexivamente, a los estudiantes y sus padres sobre las opciones que se le presentan.

Siguiendo el curso actual: jóvenes universitarios malgastando su tiempo con una  pésima formación en procura de un título de mermada utilidad. O, alternativamente, involucrados en una estrategia colectiva de RESISTENCIA ACADÉMICA, tratando entre todos -es decir: siendo ellos con sus padres también partícipes de un mecanismo compensatorio de la innegable inviabilidad en la que nos vemos inmersos-, de preservar las condiciones en las que se realiza la Academia. Esta no es la solución total a la problemática sistémica que afrontan las universidades, pero puede ayudar a desacelerar la velocidad de decaimiento. Luchemos para que vengan tiempos mejores, en ellos tendrán que generarse soluciones más integrales.

Para concluir, deseo pronunciarme sobre un aspecto concreto en la implantación de esta alternativa, aunque hasta ahora la haya abordado con unas ideas de carácter muy general. Siendo los estudiantes (y sus padres) partícipes de la solución, las instituciones deben garantizarles que los recursos que se obtengan por esta vía sean, exclusivamente, orientados a mejorar las condiciones en las facultades a través de programas específicos. Propongo la integración de consejos de administración por facultad de estos recursos, en los que participen representantes estudiantiles –seleccionados, por favor, entre los de mejor record académico- y representantes de los padres. Insisto en  esta idea novedosa de hacer parte del problema, y también de la solución, a los padres y representantes de los estudiantes. Una audaz estrategia comunicacional dirigida hacia ellos podría convertirse en el gran factor revulsivo de una acometida estratégica tan revolucionaria como la que he osado asomar. Lo de revolucionaria me generó cierto rechazo pero es lo que es: revolucionaria, anti paradigmática, innovadora para estos lares, pero indispensablemente necesaria, así lo veo yo.



sábado, 11 de marzo de 2017

Acto Inaugural Cátedra Rectoral Ramón J Velásquez



Un Gratificante Acto Universitario

Visualizar la pesadilla que estamos viviendo a través de los ojos de un excelentísimo historiador, como lo es el Dr. Germán Carrera Damas, constituye  una vivencia académica que no tiene precio. Un acto de reivindicación del Espíritu Universitario.

A continuación el texto preparado por la Lic Antonella Fischietto, de la Dirección de Medios de la Universidad de Carabobo, como reseña de tan gratificante acto universitario:

La Cátedra Rectoral Descentralización y Federalismo Ramón J. Velásquez de la Universidad de Carabobo, inició actividades con la conferencia magistral dictada por el historiador Germán Carreras Damas, quien apoya la discusión en torno a una reforma institucional en el país que pueda evitar que se haga realidad una de las amenazas que avizoró la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) a finales de la década de los ’80, el golpe de Estado.

Carrera Damas fue invitado especial en el acto de juramentación del equipo directivo e integrantes de la citada cátedra, la cual estuvo a cargo de la rectora, Jessy Divo de Romero, y se realizó en el salón de sesiones del Consejo Universitario de la máxima casa de estudios de la región.

Esta cátedra libre estará dirigida por el ex rector Gustavo Hidalgo, quien asumió como coordinador general; y contará con Nelson Acosta como secretario ejecutivo, así como con los miembros: Argenis Urdaneta, Rolando Smith, Frank López, Glenda Reyes, Elsy Pérez, Asdrúbal Romero, Pedro Villarroel, Carlos Rojas Malpica y Orlando Arciniegas.

En sus palabras tras la juramentación, la rectora indicó que “este tipo de iniciativas es muy importante para recordar aquellos elementos de la historia que hoy, más que nunca, están vigentes”.

El secretario ejecutivo de la cátedra, Nelson Acosta, refirió que en 1986, un grupo de jóvenes universitarios acudió al secretario ejecutivo de la Copre, Ramón J. Velásquez, con la idea de organizar un simposio nacional sobre la reforma del Estado, el cual contó con el apoyo del entonces rector de la UC, Gustavo Hidalgo.

El primer simposio logró realizarse ese año en Valencia, con una duración de seis días y con participación de calificados expertos e investigadores. Esta cátedra tiene el reto de organizar el segundo simposio.

Según Acosta, ese grupo de trabajo avizoró las líneas gruesas de lo que sería el desarrollo político de Venezuela y de la crisis que comenzaba a finales de los años ’80, pero la iniciativa fue cancelada por los acontecimientos posteriores.

Por su parte, el coordinador general de la cátedra dijo que no hay forma de ponerle rejas a las ideas y al horizonte. Como parte del trabajo de este grupo, propuso estudiar la historia contemporánea de Venezuela en tres períodos: 1960-1980, 1980-2000 y del nuevo siglo hasta el presente. Anunció que la universidad hará “las propuestas necesarias para la reforma del Estado, que es urgente, aunque no nos tomen en cuenta”.

Antes de dictar la conferencia inaugural de la cátedra, Germán Carrera Damas fue condecorado con el Botón de Honor de la UC, el cual le fue impuesto por la rectora. Este reconocimiento se le otorgó por su trayectoria ejemplar.

En su extenso currículum y con 87 años de vida, Carreras Damas destaca por el estudio de la historia contemporánea de Venezuela, a través de una densa producción de libros y su participación como miembro correspondiente de academias de historia tanto nacional como del extranjero.

Su trayectoria profesional incluye la docencia en la Universidad Central de Venezuela y de varias universidades extranjeras, además de embajador en México, Colombia, Suiza y República Checa.

Uno de los aspectos que recalcó en su conferencia fue la creación de la nación venezolana en 1946, cuando se aprobó el voto directo, secreto y universal. Explicó que, hasta antes de esta fecha, teníamos república, mas no nación.

A su juicio, la existencia de la nación significó un cambio radical en la sociedad venezolana, ya que para ese entonces sólo 100 mil hombres tenían derecho de elegir a sus gobernantes mientras que el 95 por ciento de los habitantes no podía participar.

Acotó que aquellos 100 mil hombres tenían formación académica e intelectual, mientras que ese 95 por ciento estaba conformado por mucha gente que no tenía acceso a la educación.

A criterio de este historiador, la conciencia histórica del venezolano sufrió un fuerte impacto el 6 de diciembre de 2015, con las elecciones parlamentarias, y dejó el interrogante de “por qué los pueblos son capaces de labrar su infortunio teniendo el poder de decisión”.

Asimismo, respaldó la idea de discutir y proponer una reforma del Estado en estos momentos, ya que la Copre advirtió, a finales de los ’80, la posibilidad del golpe de Estado si persistían los problemas detectados y que no fueron atendidos.