Parénme pelotas, que las vengo pegando todas!!

Fin de la Fiesta

Asdrúbal Romero M.

Supongamos una familia que depende exclusivamente del ingreso del padre, diez mil bolívares mensuales, pero gasta por encima de ese monto: el doble. ¡Cómo! El padre ha instituido un mecanismo que le permite atender los requerimientos extras de cualquiera de la familia: le expide un cheque contra una línea de crédito que tiene en un banco. Es decir: se endeuda. ¿Hacia dónde va esa familia en lo económico? ¿Cuánto puede durar esa situación?

Creo que cualquiera podría responder tales interrogantes sin saber mucho de economía. Pues bien, el SITME se corresponde exactamente con esa sencilla imagen que hemos construido a nivel familiar. Por supuesto, para trasladar el ejemplo al ámbito del país, es necesario aclarar que hablamos en términos de ingresos y gastos en divisas -¡dólares!-. Cuando una empresa recurría al SITME: compraba en bolívares al precio oficial un bono de deuda venezolana emitido en dólares; luego, dicho bono era vendido  internacionalmente a un inversionista, el cual lo compraba con un descuento – de allí que el monto resultante de la venta en dólares fuera inferior al valor nominal del bono-; esos dólares, adquiridos a un precio mayor que el oficial, eran depositados en una cuenta de la empresa en el exterior con los que se procedía a comprar los bienes que importaría, a fin de darle continuidad a su ciclo de negocios. Es decir: ese mecanismo de asignación de divisas generaba endeudamiento. Cada vez que el inventario de bonos transables estaba próximo a agotarse, el Gobierno debía aprobar nuevas emisiones de bonos que, simplemente, representaban nuevos compromisos de endeudamiento del país. Un mecanismo perverso: el país se venía endeudando para financiar el gasto corriente, no inversiones con retorno, de una economía ficticiamente recalentada. Todo, con la finalidad de crear esa sensación de falsa bonanza: una economía creciendo a cuenta de girar la manivela de la maquinita de fabricar bolívares, tantos que nos permitieran a los venezolanos sustentar tan fuerte demanda de bienes importados. Todos felices, gastando por encima de nuestras posibilidades, como los miembros de esa hipotética familia del párrafo inicial. Políticamente muy conveniente, pero, ¿hasta cuándo se podía mantener la ficción?   

Era evidente que el SITME no era un mecanismo serio y responsable de asignación de divisas, porque no era autosostenible. Fue una invención política, creada para seguir corriendo la arruga hasta que el escenario electoral transcurriera. Giordani lo sabía perfectamente, no me venga a decir que no, por eso, en cuanto se produjo el desenlace electoral buscado, ordenó a los bancos públicos, bajo su control, que no siguieran aportando los bonos de su inventario para seguir alimentando las subastas diarias. El monto de dólares asignados vía SITME se redujo drásticamente, con las consecuencias que ya estamos viendo: empresas que no consiguen dólares para continuar sus operaciones; una lechuga verde que casi se triplica en apenas siete meses; una escasez que se comienza a evidenciar incluso en productos fundamentales; inventarios de productos importados agotándose a toda mecha en un país cuya economía produce muy poco de lo que consume.

¿Hacía adónde nos dirigimos? Depende de la resolución de un dilema que confronta el alto gobierno y enfrenta a los más altos personeros con la responsabilidad de manejar las finanzas públicas.  Se puede leer entrelíneas. Giordani quiere reducir el recalentado ritmo de endeudamiento. La creación de un organismo superior para la optimización del sistema cambiario no es más que la sujeción de CADIVI a un rígido presupuesto de divisas respaldado en ingresos reales; que reparta la escasez de dólares, lo más equilibradamente posible, entre todos los sectores de la economía. Por supuesto que no habrá para todos. El año pasado gastamos el doble de lo que nos entró.  Esta opción conducirá a un necesario enfriamiento de la economía con cierre de empresas, sobre todo las que comercializan productos de “lujo”, cantidad de gente quedándose sin empleo, los venezolanos tomando consciencia de que nos hemos convertidos en pobretones de solemnidad –despídase la mayoría de los móviles inteligentes; las tablets; los televisores pantalla plana; los automóviles; los materiales “premium” para la construcción; etc., sólo los muy ricos tendrán acceso a ello-.  Aterrizaremos a nuestra realidad. Es la opción más seria y responsable, ubicados ya en la coyuntura PERDER-PERDER a la que nos han arrinconado, lo cual no exime a Giordani de su culpabilidad por el pésimo manejo de nuestras finanzas públicas.

Pero hay otros que quieren continuar la fiesta, Merentes y compañía, por eso hablan de una bolsa pública de valores. El problema es cuáles van a ser los valores que se van a negociar allí. Dudo que haya un sector privado con la confianza y el deseo de inyectar sus dólares en dicha mesa de cambio. La mayoría de los instrumentos financieros que se transarán allí tendrán un origen público. Para el Gobierno pudiera ser negocio sacrificar parte de las divisas asignables vía CADIVI y canjearlas allí a un más alto precio a fin de financiar su déficit, pero eso restringiría más la asignación para la importación de lo prioritario con el consecuente costo de una inflación más democratizada. Lo más tentador seguirá siendo recurrir a más endeudamiento, es decir: una variante disfrazada del mismo SITME. Pero eso tiene un límite, porque en el exterior están más claros que nosotros sobre la crónica vulnerabilidad de nuestra economía. Más endeudamiento implicará incremento del riesgo país, pagable a expensas de mayores descuentos y tasas de interés para los futuros bonos que se emitan, realmente, onerosas -buscando tentar a los inversionistas a asumir el riesgo de seguir financiando nuestra alocada fiesta-.

Ninguna salida será buena. Un mensaje final para algunos voceros de la Oposición: dejen de endilgarle la responsabilidad del paquetazo a Maduro. No sé si se dan cuenta, pero están eximiendo a Chávez de la paternidad de la crisis ante los ojos de muchos de sus seguidores -con sus carencias para una visión integral, más de uno estará pensando que si Chavez estuviera realmente al frente no se habría devaluado-. Casi que lo reivindican, en vez de intentar ser más pedagógicos en sus análisis.  Bien bueno que haya regresado. Ojalá esté en capacidad de comprender la magnífica magnitud del desastre que él mismo ha creado con su trasnochado y equivocado modelo del Socialismo del Siglo XXI. He allí la visión de origen que nos ha traído a este pavoroso fin de la fiesta.

Lo prometido es deuda: ¿Votaremos o no?

Elecciones Universitarias

(Segunda entrega)

Asdrúbal Romero M.

El 8 de febrero de 2012, la abogada Fabiana Cristina Morín López, actuando en representación de la Rectora de la UC, introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ una solicitud de revisión de la sentencia dictada por la Sala Electoral, también de ese máximo tribunal, el 14 de diciembre de 2011 e identificada con el número 154. No sabemos si la actuación instruida a su apoderada la dio la Rectora con la autorización del Consejo Universitario –voy a evadir la discusión de si tendría carácter obligante, por lo menos: debería calificarse de altamente recomendable-.

La sentencia objeto de la revisión solicitada se refiere a la que suspendió las elecciones de representantes profesorales ante el Consejo Universitario y de representantes estudiantiles ante los diversos organismos de cogobierno, en respuesta a una solicitud de impugnación del Registro Electoral introducida por varios grupos que incluían a profesores: contratados; un ordinario con escalafón de titular y una jubilada, así como varios estudiantes, aduciendo la violación de lo establecido en el numeral 3 del Artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación –el cual transcribimos en la entrega anterior-. Sin ánimo de entrar en los vericuetos argumentales de dicha sentencia, lo cierto es que la Sala Electoral sentenció como necesaria la actualización de la normativa electoral de la UC de conformidad a lo establecido en el precitado artículo de la LOE. Aún más: incluyó una exhortación que, por constituir motivo central de mi preocupación transcribiré a continuación: “esta Sala Electoral exhorta a que se constituya al Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo en un lapso que no podrá exceder de quince (15) días hábiles de la Universidad, contados a partir de la notificación del presente fallo, para que ese órgano colegiado como máxima autoridad universitaria reforme y publique el Reglamento Electoral en un lapso de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha de su constitución para tal fin, adecuándolo a lo preceptuado en el artículo 34 numeral 3 de la vigente Ley Orgánica de Educación, incluyendo a todos los integrantes de la comunidad universitaria y garantizándoles el derecho al sufragio en igualdad de condiciones y sin discriminaciones”.  

¿Un exhorto con lapsos incluidos? ¿Tendrá la razón la rectora cuando manifiesta -en declaraciones publicadas en el Carabobeño el domingo 27 de enero de este año-: “no está entre las facultades de la Sala Electoral obligar a los consejos universitarios, que son organismos colegiados, a elaborar un reglamento electoral. Por lo tanto sostenemos que hay extralimitación de funciones y atribuciones,…”? Yo quiero creer que sí, pero no se puede olvidar que el muy particular exhorto se produce en un muy bizarro momento de la historia de este lugar del mundo en el cual vivimos. Por otra parte, el desconocerlo conduce, por la vía de los hechos, a una ruptura del hilo democrático institucional. No sé, yo, siendo ella, me preocuparía y, por ello, despersonalizaría la toma de decisiones respecto a tan delicado asunto y abriría los espacios para una discusión más democrática.

Ahora bien, de que hubo una respuesta de la Sala Electoral a la UC es evidente que la hubo –en las  precitadas declaraciones de la Rectora se da la información contraria, supongo que error del entrevistador-, tanto es así que es la mismísima rectora quien instruye a su apoderada para que introduzca la solicitud de revisión a la Sala Constitucional y ésta, con ponencia del magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, la declara que “NO HA LUGAR” el 25 de abril de 2012. En fecha posterior, el 2 de agosto, supongo que en conocimiento del anterior batazo, los mismos ciudadanos que impugnaron solicitan en Sala Electoral la ejecución forzosa de la sentencia N° 154. La decisión ya se produjo: “ORDENA notificar a la Rectora de la Universidad de Carabobo para que conteste dentro de los tres (3) días de despacho siguientes que conste en autos su notificación, la solicitud de ejecución forzosa” –es decir: ¿Por qué no se ha ejecutado nada con relación al exhorto?-. Tiene fecha del 13 de noviembre de 2012, la Rectora todavía no ha contestado. Debemos preguntarnos todos: ¿Hacia dónde conduce todo esto? La hábil maraña se ha venido tejiendo, creando las circunstancias favorables para, en el momento apropiado, poder arrancar la pobre autonomía que nos queda de un solo zarpazo. ¿Se justifica o no la preocupación e inquietud de un ex rector ociosamente pensante?

La Propuesta

No digo más. Paso a la propuesta que prometí. El desafío de cara al diseño de una propuesta que adecúe la conformación del Claustro Electoral a lo preceptuado en el numeral 3 del Artículo 34 de la LOE, es aportar una respuesta a la ambigüedad contenida en él cuando se señala: “y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y egresadas de acuerdo al Reglamento”. El subrayado es mío, porque es allí donde reside la ambigüedad. ¿Debe entenderse la igualdad de los derechos políticos a nivel individual o de los colectivos que integran la comunidad? Como no tiene sentido lo primero -¿para que acudirían a votar los colectivos claramente minoritarios?-, se me ha ocurrido que podría aplicarse un procedimiento similar al que aprobamos, en mi período rectoral, a fin de dar plena participación en las elecciones de autoridades universitarias, incluyendo decanos, a todos los estudiantes de la Universidad. De allí emergió el concepto de claustro estudiantil virtual. Desgrano entonces la propuesta:

1.     El Claustro Electoral estaría conformado por cuatro claustros virtuales en representación, respectivamente, de profesores, trabajadores administrativos y obreros, estudiantes y egresados. En el caso de elecciones para autoridades rectorales, podría considerarse que cada uno de estos claustros estaría conformado por cien representantes virtuales. Para las elecciones decanales, podría considerarse un número inferior de representantes, a ser discutido. Con este criterio de conformación se estaría cumpliendo con la condición de igualdad de los derechos políticos de los colectivos y, en este sentido, la propuesta luce bastante blindada.

2.  Para elegir los representantes del Claustro Profesoral votarían todos los profesores ordinarios, tanto activos como jubilados, así como los profesores contratados que ya hubiesen ingresado a la nómina de la Universidad. Sería sano que en el caso de las elecciones decanales se excluyera a los docentes ya jubilados.

3.      Para elegir los representantes al Claustro de los Trabajadores Universitarios, votarían todos los miembros del personal administrativo y obrero que estuviesen en nómina, tanto activos como jubilados. De igual manera, se propone la exclusión de los jubilados para las elecciones decanales.

4.      Para elegir los representantes al Claustro Estudiantil, votarían, como actualmente lo hacen, todos los estudiantes activos.

5.      Para elegir los representantes al Claustro de los Egresados votarían todos los egresados. Pero a este respecto, propongo una variante, a fin de que para los correspondientes actos de votación se pueda predeterminar y listar quienes son los que tienen derecho a voto. Los egresados votantes deberán haberse inscrito en un registro electoral de los egresados. Previo a cada proceso electoral, se fijará un lapso dentro del cual se abrirá la inscripción en el registro electoral de los egresados en cada una de las facultades –tal cual como actualmente lo hace el CNE-. En las elecciones decanales participarán los egresados de esa facultad. Los profesores que sean también egresados no podrán inscribirse en este registro.

6.      Resuelto lo correspondiente a las elecciones de autoridades rectorales y decanos, faltaría por establecer criterios a nivel de los organismos de cogobierno. Se propone la ampliación de estos organismos para incorporar a un representante de los trabajadores universitarios. En el caso de las facultades y escuelas, para su elección votarían los miembros activos de ese personal que desempeñen funciones en el respectivo ámbito electoral. En las elecciones de Consejo Universitario, el representante de los trabajadores lo elegirían tanto activos como jubilados.

De seguro que faltan detalles que no se han considerado, pero los seis ítems anteriores conforman el núcleo de una propuesta que puede ser afinada, si es que, de una discusión verdaderamente democrática, ella es la que prospera.

En otro orden de ideas y para finalizar: en mi opinión, esa apertura en la conformación del claustro debería compensarse con unas condiciones más estrictas para la elegilibilidad de quienes aspiren a dirigir a la Universidad.  Nuestras máximas casas de estudio deben ser dirigidas por personas que hayan demostrado en su trayectoria poseer extraordinarias condiciones académicas y criterios claros y exteriorizados sobre la dirección de este tipo de instituciones. Ya basta de que nuestras universidades sean dirigidas por profesores que se destacan más por sus habilidades políticas que por su carrera académica. Ahora bien, como no es la hora para ponernos creativos a este respecto –los criterios de elegilibilidad ya están establecidos en la Ley de Universidades, en artículos que mantienen su plena vigencia al no colidir con el bendito numeral que he denominado “engendro de la discordia”-,  propongo que, al menos, se mantenga estricto apego a lo que establece la Ley. Así, para poder ser autoridad rectoral, el artículo 28 lo establece claramente: se debe ser DOCTOR. Ya basta de excepciones que se mantienen, injustificadamente, en el tiempo. Con respecto a los Decanos, sí lo dejaría abierto, considerando que el Artículo 64 exige “poseer título de doctor otorgado por una universidad del país”, con lo cual, equivocadamente, la Ley asienta una odiosa discriminación con quienes han forjado su temple académico obteniendo doctorados en prestigiosas universidades internacionales. Por ello, y sólo por ello, remitiría este asunto a una justa y actualizada reglamentación del Parágrafo Unico de ese artículo.

Hay suficiente para discutir, comencemos de una vez por todas, lo otro es lanzarnos por un barranco de progresiva ilegitimidad y ausencia de democracia. Ya lo dije: opto por una democracia impuesta e indeseada frente a ser cómplice por omisión de una ruptura de nuestra tradición democrática.

Cumplo con un deber de consciencia

Elecciones Universitarias

(Primera entrega)

Asdrúbal Romero M.

“Autoridades Rectorales y Decanos UC con períodos vencidos”: este fue el titular de un reportaje de la Lic. Leimar García Luzardo publicado en “El Carabobeño” el lunes 14 de enero. ¿Qué o quién lo motivó? No sé. Pero lo cierto es que apareció en los días pico de toda la controversia que se ha generado sobre el vencimiento del período presidencial y el inicio de uno nuevo, marcado por acusaciones de inconstitucionalidad. No ha faltado quienes comenten la ausencia de una alharaca dentro del seno de nuestra alma máter, similar a la suscitada en el país, por el hecho de que tengamos unas autoridades vencidas sin que exista, ni siquiera, la más mínima señal de cuándo pudieran celebrarse las elecciones para su obligada renovación. Ya sabemos que los simpatizantes del oficialismo se aprovechan de cualquier resquicio, para enrostrarle a protagonistas de la Oposición cualquier conducta semejante a lo que ellos critican. Justo es reconocer que en esta ocasión se están anotando una estocada válida.

Se habla entonces de “Autoridades Sobrevenidas”, adjetivo que se ha puesto de moda y aunque no me queda claro si su utilización es estrictamente correcta: todo el mundo recibe el claro mensaje que la legalidad y legitimidad del mandato de nuestras autoridades universitarias comienza a verse socavada y que, en la medida que los días de este pesado 2013 transcurran, se irá configurando un gravísimo problema de debilidad institucional en nuestra máxima casa de estudios. Es más, me atrevo a decir, si este gobierno nacional que actualmente nos dirige estuviese bien consolidado –que obviamente no lo está, también anda en su ruta de intentar sostener lo insostenible- las circunstancias estarían dadas para una designación de autoridades rectorales por parte del CNU con una clara debilidad argumental de nuestro lado para combatir tan indeseable medida –el zarpazo final a nuestra autonomía-. ¿Por qué me atrevo a especular sobre un escenario de tanta gravedad y que nos afectaría a todos de una manera inimaginablemente nefasta? Es lo que trataré de argumentar en los párrafos a continuación.

Por supuesto que estoy consciente de las razones que han causado la paralización de los procesos eleccionarios a todos los niveles, no sólo en nuestras universidades autónomas sino también en aquellas experimentales donde se eligen autoridades. El engendro de la discordia reside en el aparte 3 del Artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación aprobada por la Asamblea Nacional que transcribo textualmente: “Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria” –el subrayado es mío-. Desde su aprobación, las universidades autónomas han exteriorizado formalmente su criterio que este artículo no les es aplicable, pero se han producido reiteradas sentencias a nivel del Tribunal Supremo de Justicia que expresan sin ningún lugar a dudas lo contrario.

Más fácil habría sido que la Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo estipulado en la segunda disposición transitoria de la supramencionada ley (“en un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, se sancionarán y promulgarán las legislaciones especiales referidas en esta Ley”), reglamentara con mayor precisión y especificidad los criterios para la conformación de esa novel modalidad de claustro universitario, pero no lo hizo, generándose así una especie de limbo jurídico conducente a la actual situación de caos y anarquía en una materia tan delicada como lo es la elección de autoridades universitarias. Uno pudiese pensar que el incumplimiento es debido a la desorganización e ineptitud que tan bien caracterizan a este régimen, o que es parte de un plan con la premeditada intencionalidad  de llevar a ese bastión de la resistencia que conforman las universidades tradicionales y más reconocidas en el país a un punto de franca debilidad institucional. Cada cual elegirá la opción que más le parezca, pero lo cierto es que tampoco se ha producido una acción concertada de parte de todas estas instituciones que pusiera la bola en el campo del gobierno y es así como el tiempo ha venido transcurriendo y nos encontramos en un escenario incómodo y muy inconveniente, en el cual no se ve un camino claro hacia la reconstitución del hilo democrático en nuestras universidades, circunstancia ésta que reviste suma gravedad.

Considero el momento apropiado para permitirme un inciso. No estoy de acuerdo con ese estilo de democracia que prescribe el artículo 34 de la LOE para nuestras superiores casas de estudio. Sin embargo, me resulta infactible por razones de longitud extenderme en la explicación de las razones para mi desacuerdo. También sería inoficioso que lo hiciera, tomando en cuenta la situación de encerrona en la que, respecto a este tema, ya nos encontramos los universitarios. Más me molesta esa  ambigüedad contenida en el precitado artículo 34, uno de los aspectos que me inclina a pensar que sí es parte de un plan de maliciosa intencionalidad. Pero si me ponen a elegir entre una variante de democracia impuesta e indeseada y la ausencia de democracia, opto por la primera, sin duda. Ya vendrán tiempos mejores para el país donde todos estos entuertos podrán irse revisando. Dicho en forma más clara: las universidades tendrían que haberse abocado ya a reformar sus reglamentos electorales a fin de intentar entrar en consonancia con la norma impuesta y hacer elecciones. Si los agentes del gobierno lograran una vez más que este las paralizara, el vacío lo crearían ellos y no, como lo que está ocurriendo en la actualidad: el muy peligroso vacío está siendo creado por las mismas autoridades universitarias.

Intentados, como han sido, todos los recursos legales ante el TSJ: el tiempo de que una universidad se escude detrás del hecho que las otras no han hecho elecciones para ella tampoco organizarlas, ya pasó. La monoliticidad del Gobierno y todas las instituciones del poder público que ha sometido a rodilla en tierra, con relación al tema de las elecciones universitarias, ya  está harto comprobada. Especular sobre un posible cambio de gobierno dejó de ser una quimera el siete de octubre. ¿Qué más se va a esperar? Por esto, ante ese titular con el cual comencé este artículo, que en mi opinión reviste un tono acusador –haya sido esa o no la intención de su autora-, me preocupa en demasía la falta de una respuesta institucional de la UC que implique un compromiso serio de organizar elecciones.

Sí, ya lo sé, la UC no se encuentra sola en esta problemática circunstancia. El caso es que nuestra máxima autoridad rectoral asumió iniciativas en el pasado reciente que la han conducido a una situación de flagrante desacato –no tengo información si en las otras instituciones afectadas ha ocurrido algo similar-. Sobre esto aportaré más detalles en la siguiente entrega, los cuales les convencerán de la grave amenaza que se cierne sobre nuestra alma máter. También presentaré una propuesta de conformación de claustro electoral, la primera piedra para iniciar un debate abierto que debería estar ya en pleno apogeo –si acaso se ha iniciado, se conduce de manera tan soterrada que ni siquiera una ex autoridad informada como yo sabe de su desarrollo-. Eso sí, para un debate rápido e intenso, ya no nos queda mucho tiempo.

Krauze, Naim, todos coincidimos en lo del arruinamiento

EL DUELO Y EL DESPERTAR

Enrique Krauze

Es probable que, con su agonía, Hugo Chávez haya logrado la inmortalidad que buscó siempre, esa certeza de veneración eterna reservada a los santos, los mártires, los redentores. Las imágenes en las calles de Venezuela son inequívocas: no comparan a Chávez con Bolívar -su numen secular- sino con Jesucristo. Algunos carteles van más lejos, más hondo: “el pueblo es Chávez”, “todos somos Chávez”: un nuevo milagro de la transubstanciación.

No es imposible que los jerarcas de Cuba, en cuyas manos está el desenlace, decidan que Chávez siga gobernando como el Cid Campeador, que ganaba batallas después de muerto. Pero si, como es lo más probable, Chávez muere, en cuanto su muerte se haga pública lo que sobrevendrá es el doloroso duelo de un amplio sector de la sociedad venezolana. Algo similar ocurrió con Eva Perón, la heroína de “los descamisados”, que murió de un cáncer fulminante a los 33 años. Su santificación fue instantánea y perdura hasta hoy. A partir de esa premisa, los escenarios futuros son diversos y, como siempre, inescrutables. El mío es el siguiente: el duelo durará varios meses y Venezuela convocará a elecciones. Si éstas tienen lugar, el sentimiento de pesar, aunado a la gratitud que un amplio sector de la población siente por Chávez, serán factores determinantes en el probable triunfo de un candidato chavista. A ello contribuirán también los órganos electorales, fiscales, judiciales y -en parte- los legislativos, que seguirán en manos del chavismo. En esta misma lógica, el candidato más probable será Nicolás Maduro, el ungido por Chávez (y los Castro), pero las complicaciones de la sucesión pueden favorecer finalmente al candidato menos atractivo para Cuba, a Diosdado Cabello. Tampoco es descartable un triunfo de la oposición. En cualquier caso, creo que el escenario de violencia es remoto.

Mientras transcurre el duelo, Venezuela vivirá un chavismo sin Chávez. Su retrato en tiempos de gloria, su silla vacía, su imagen retransmitida interminablemente, acompañará por un tiempo al nuevo presidente. Pero en todas las religiones (y en la naturaleza humana) los duelos tienen un fin. Y en ese momento, que será como un extraño despertar, todos los venezolanos, chavistas y no chavistas, deberán enfrentar la ineludible y gravísima realidad económica. Ocurrió en la URSS en 1989, ocurrirá definitivamente en Cuba, ocurrirá en Venezuela.

Los indicadores de alarma son del dominio público. El déficit fiscal es del 20% del PIB, unos 70 mil millones de dólares. El tipo de cambio oficial es de 4.3 bolívares por dólar, pero en el mercado negro llega a 18. La inflación, por varios años, ha sido la más alta de la región. El desabasto (que debido al desmantelamiento sistemático de la planta productiva, el éxodo de la clase media profesional y la falta de inversión, se ha convertido casi en una tradición venezolana) sólo se palió en 2012 a un altísimo costo, cuando el gobierno de Chávez echó la casa por la ventana en la compra de todo tipo de productos para agradecer (aceitar, inducir) el voto de sus partidarios. Pero ahora Venezuela padece una aguda carestía de divisas. ¿Cómo explicar que un país que en la era de Chávez ha percibido más de 800,000 millones de dólares por ingresos petroleros presente cuentas tan alarmantes?

Buena parte de la explicación está en el petróleo. En 1998 Venezuela producía 3.3 millones de barriles diarios y exportaba (y cobraba) 2.7 millones de barriles diarios. Ahora la producción se ha desplomado a 2.4 millones de barriles diarios, de los que sólo cobra 900,000 (los que vende a Estados Unidos, el odiado imperio). El resto que no se cobra se divide así: 800,000 van al consumo interno, prácticamente gratuito (y que provoca un jugoso negocio de exportación ilegal); 300,000 se destinan a pagar créditos y productos adquiridos en China; 100,000 se restan por importación de gasolina; y 300,000 van a países del Caribe que pagan (si es que pagan) con descuentos y plazos amplísimos, o pagan como Cuba (a la que se exportan 100,000), simbólicamente (con envío de personal médico, educativo, y policial), y se benefician del petróleo venezolano al extremo de reexportarlo. Con respecto al inicio del gobierno de Chávez, el ingreso efectivo de Venezuela por exportaciones de petróleo ha disminuido a la tercera parte.

En medio del duelo o inmediatamente después, un presidente chavista deberá enfrentar esta realidad y encarar al público. Pero ese presidente chavista ya no será Chávez, el hipnótico Chávez, Chávez el taumaturgo, Chávez el líder que lo explicaba todo, lo justificaba todo, lo amortiguaba todo. Fiel a la antigua cultura política de raíz hispana, el pueblo reaccionará a esas situaciones con indignación: culpará a los chavistas de no estar a la altura del líder y su legado, dirá “Chávez no lo habría permitido”, “Chávez lo habría resuelto”. Ese podría ser el fin del chavismo sin Chávez. Y la gran oportunidad de la oposición.

Después de largos años de inconsistencias y errores, la oposición venezolana ha estado unida, eligió a un líder inteligente y valeroso (Henrique Capriles) y tuvo un desempeño notable en las elecciones: recabó casi 7 millones de votos. Durante la agonía de Chávez, sin dejar de alzar la voz de protesta, la oposición ha mostrado una notable prudencia. Y ha hecho bien: cualquier desbordamiento de las pasiones puede ser leído como una provocación y desembocar en la violencia. Pero si la oposición -que ha esperado tanto- conserva la cohesión y el ánimo, podría avanzar en las siguientes elecciones presidenciales y recuperar -sobre todo después del duelo- las posiciones que ha perdido. En ese despertar, una fuerza ahora apagada y latente deberá despertar también: los estudiantes. Tuvieron un papel clave en el referéndum de 2007 (que impidió la conversión abierta de Venezuela al modelo cubano) y quizá lo tengan una vez más ahora.

Lo que está en juego no es sólo la recuperación económica de Venezuela ni la normalización de la democracia, trece años secuestrada por el redentorismo político de Chávez. Lo que está en juego es la convivencia elemental en una sociedad desgarrada por la intolerancia, la discordia y la propaganda de odio inducida desde el poder. Carl Schmitt, el filósofo del nazismo, acuñó la teoría del “amigo/enemigo” como el binomio esencial de la política. Chávez ha sido su discípulo fiel. Pocos gobernantes latinoamericanos han practicado con igual fanatismo esa doctrina. Tras el duelo, ese binomio debe desaparecer del debate público. Sólo así llegará la reconciliación de la familia venezolana.

Aunque sea llover sobre mojado

La Irresponsabilidad de Origen

Asdrúbal Romero M.

Ignacio Ordaz era vicerrector en una de nuestras universidades autónomas. Cuando se acercaban las elecciones rectorales, la mayoría de los miembros de su grupo profesoral independiente le instaban a que se lanzara como Rector. Ignacio había hecho una excelente gestión y por eso su grupo le quería como candidato. Era un tiro al piso su elección como máxima autoridad, le decían, nadie dentro del grupo se atrevería a cuestionarle su liderazgo y, una vez lanzado, seguro que arrasaría en primera vuelta. Curiosamente, él también lo sentía así, pero había un problema. Hacía un par de años le habían diagnosticado una lesión cancerosa, mínima, apenas estaba comenzando según su médico de confianza. Le extirparon el minúsculo tumor, le dijeron que éste no había comprometido a los tejidos circundantes. Se sometió al tratamiento post operatorio convencional, a fin de asegurar que todo no pasaría de ser un mal recuerdo. Sin embargo, en la revisión de rutina del último diciembre, el mismo médico que le había operado, con sumo pesar le reconoció que la lesión había reaparecido y con una tendencia al crecimiento más amenazante. Nadie en la Universidad lo sabía, sólo su núcleo familiar que le rogaba retirarse de su cargo y someterse rápidamente al procedimiento terapéutico que fuere necesario. Ignacio sopesó por varios días su decisión candidatural. El tratamiento ahora sería más costoso, como Rector tendría una cobertura de seguro de hospitalización en la práctica ilimitada, se le brindarían las mejores atenciones. Por otra parte: ¿Se encontraba él en condiciones físicas como para asumir una difícil gestión rectoral? ¿Le podría cumplir a la universidad de sus amores como ella se lo merecía? Fue esto lo que privó por encima de su conveniencia personal y la de su grupo. Al final, sorprendió a muchos de sus seguidores pero anunció su responsable decisión: no optaría por el Rectorado.

Esta breve historia, muy simplificada en sus vericuetos pero inspirada en un hecho real del cual fui someramente informado –por supuesto: el nombre está cambiado-, me es útil a los fines de ilustrar cómo el sentimiento de responsabilidad con un colectivo fue lo que, moralmente, se constituyó en el factor decisorio para elegir la opción más honesta. Traslademos esto al contexto de optar a la presidencia de un país. La responsabilidad con el colectivo se agiganta, considerando que el nivel de complejidad y las implicaciones de una gestión presidencial están distantes varios años  luz de lo que podría significar una gestión rectoral –bastante compleja y estresante por cierto-, pero Chávez, a sabiendas de su reincidente enfermedad, opta por la conveniencia política de su partido –para no decir, porque no me consta, que también influyó en su decisión la conveniencia personal-. Estamos pues ante una decisión irresponsable, magnificada al extremo por las consecuencias para Venezuela que se pudiesen derivar de ella. Chávez no debió lanzarse a la reelección, he aquí la Irresponsabilidad de Origen que activa todo este singular proceso que se está viviendo en el país.

Es así como debe calificarse su decisión, con prescindencia de lo que se pueda sentir con respecto a la circunstancia de sufrimiento por la que debe estar pasando. Una cosa es respetar su enfermedad y otra el que se obvie de calificar su decisión en sujeción al lógico sistema de valores que debieran orientar las decisiones de cualquier ser humano. Cualquiera de nosotros está obligado a valorar si está en condiciones físicas, mentales, de capacitación, como para optar a un cargo del cual se derivan responsabilidades hacia un colectivo.  Obviamente,  también es imputable el calificativo de irresponsables a los miembros de la cúpula dirigencial de su partido. Ninguno exteriorizó una opinión contraria a la decisión de su líder. Al parecer, ni siquiera ninguno se atrevió a recomendarle lo contrario. Ahora resulta, que desde su entorno más cercano se han dejado filtrar quejas como la siguiente: Es que al Presidente ya no se le puede hablar para decirle que uno no está de acuerdo con esto o aquello –consecuencia de ese endiosamiento desmesurado e impropio que se ha hecho de su figura-. Por eso, también se le dejó, siendo Presidente, que pusiera su salud bajo el control de otro país que tiene intereses económicos muy concretos con respecto al tema de la sucesión presidencial en el nuestro. No sé si en la historia de Venezuela se habrá producido, alguna vez, una decisión tan entreguista de nuestra soberanía y, por ende, de tan tamaña irresponsabilidad.

Se dirá que el contenido de este artículo es llover sobre mojado. Quizás sea así, pero es que uno siente que muchos dirigentes políticos de la Oposición parecieran no atreverse a llamar las cosas por su nombre. Como si tuvieran temor de irritar a los fieles seguidores del Presidente y enajenarse sus votos en algún evento electoral futuro. El problema es que la estructura de valores deseables que debieran orientar las conductas en el accionar político de esta irreconocible venezuela se ha venido distorsionando de una manera perversa. Y no toda esa dañina transformación le es endilgable al Régimen. Hay que ver lo que hemos cambiado, que es equivalente a decir: ¡cuánto tendremos que trabajar en el rescate de los valores perdidos!

De la Irresponsabilidad de Origen se ha generado toda una secuencia de comportamientos irresponsables. Todo lo sucedido en la Asamblea Nacional el día de la ratificación de Cabello se va sumando a una retahila grotesca y ridícula de irresponsabilidades, como si se estuviese provocando un golpe de estado para luego victimizarse acusando a una derecha casi inexistente. ¡Cómo se parecen estos días a los últimos de Allende, al menos él se pegó un tiro en el Palacio de la Moneda!

Un artículo de Naim que todos debemos leer

Un artículo de Moisés Naim con el cual coincido plenamente

¿Qué pasará en Venezuela?

Jorge Botti, presidente de la federación empresarial de Venezuela (Fedecámaras), explicó hace poco que si el Gobierno no suministra más dólares para pagar las importaciones, la escasez de productos de primera necesidad será grave. “Lo que le vamos a dar a Fedecámaras no son más dólares sino más dolores de cabeza”, respondió el vicepresidente Nicolás Maduro, el heredero escogido por Hugo Chávez.

Maduro tiene razón. El Gobierno provocará muchos dolores de cabeza a las empresas privadas. Pero los dolores de los empresarios serán leves comparados con los que va a sufrir la población en general, particularmente los pobres. Hugo Chávez deja Venezuela sumida en una crisis económica de enormes proporciones.

Si bien la incertidumbre política desencadenada por la enfermedad del presidente ha concentrado la atención del mundo, será la crisis económica lo que va a moldear el futuro inmediato del país, incluyendo el político.

Los desajustes económicos incluyen un déficit fiscal cercano al 20% del producto interior bruto (en EE UU es del 7%) y un mercado de divisas en el cual el dólar que se compra en la calle cuesta cuatro veces más que el dólar que vende el Gobierno a la tasa oficial. Esto quiere decir que una devaluación de la moneda es inevitable y que, por lo tanto, la inflación que se avecina será aún mayor que la actual, que es una de las más altas del mundo. Los niveles de empleo están artificialmente abultados por la gigantesca expansión del empleo público, los compromisos laborales adquiridos por el Gobierno nutren una fuerte conflictividad sindical, la deuda externa es ahora diez veces mayor que en 2003, el sistema bancario está muy frágil y la capacidad productiva del país, incluyendo la de su industria petrolera, ha caído drásticamente.

Los países exportadores de petróleo rara vez sufren crisis económicas causadas por la escasez de divisas fuertes. Pero el régimen del presidente Chávez se las ha arreglado para quedarse corto de dólares o euros, a pesar de que ha gozado de más de una década de altos precios del petróleo y de una enorme capacidad de endeudamiento gracias a los elevados intereses que está dispuesto a pagar.

Sin embargo, el dinero no alcanza. El desenfrenado gasto en consumo ha disparado las importaciones, a la vez que la mala gestión y la falta de inversión en la industria petrolera han venido reduciendo los ingresos por exportaciones. Los ingresos petroleros de Venezuela también caen por otras razones. El elevado consumo interno de gasolina absorbe una gran parte de la producción (llenar el tanque de un coche normal cuesta 25 céntimos de dólar, unos 19 céntimos de euro). Otra parte de la producción se envía a Cuba y a otros aliados de Chávez a precios altamente subsidiados y a crédito: de hecho, muchas de estas facturas nunca llegan a cobrarse.

Otra parte de la producción petrolera va a China, ya que este país pagó por adelantado, con importantes descuentos, grandes volúmenes de crudo. El Gobierno de Chávez ya recibió y gastó ese dinero y ahora debe honrar el contrato suministrando a China petróleo por el cual no recibe ingreso alguno. Así, la mayor parte del crudo que queda para ser exportado a precios de mercado (y que se cobra) se vende al país que es a la vez el mejor cliente y el principal enemigo de Chávez: Estados Unidos. Sin embargo, como resultado de su propio auge petrolero, las compras estadounidenses de crudo venezolano han caído al mínimo en 30 años. Y por si esto fuera poco, una explosión en su mayor refinería obliga a Venezuela a importar gasolina. El Financial Times calcula que por cada 10 barriles de crudo que vende a Estados Unidos tiene que importar (a un precio más alto) dos barriles de petróleo refinado en el exterior.

Esta caída en los ingresos ocurre mientras las importaciones totales del país han pasado de 13.000 millones de dólares en 2003 a más de 50.000 millones hoy. Pagar esas importaciones y los altísimos intereses de la deuda requiere más divisas de las que la economía genera. A todo esto se agrega que la Venezuela de Chávez ha caído a los últimos lugares de las listas que clasifican a los países según su competitividad, la facilidad de hacer negocios o el atractivo para los inversores extranjeros, mientras que se coloca entre los campeones mundiales en materia de homicidios y de corrupción gubernamental.

Sí. El vicepresidente Maduro ha dado en el clavo: se avecinan grandes dolores de cabeza. Y a él le tocará explicarle al pueblo por qué cuando el presidente era Chávez se vivía mejor.

A pesar de ser Día de Navidad, mis neuronas no se detienen

El 10, el 10,…, el 10

Asdrúbal Romero M.

Supongamos, sólo por un momento: que Capriles hubiese ganado el 7 de octubre; que, sorprendentemente, se estuviese produciendo un idóneo proceso de transición democrático con las debidas comisiones de enlace, nosotros muy felices y, repentinamente, el Presidente Electo a punto de ser juramentado –ya es ocho de enero- se ve aquejado por una fuerte enfermedad que le obliga a guardar reposo absoluto por varios días. Me pregunto: ¿Su ausencia el día diez se podría interpretar como una ausencia absoluta de la que se derivaría una transición con un nuevo proceso electoral por la Presidencia a los treinta días? Les invito a que realicen este sencillo ejercicio mental que algún matemático calificaría de “reducción al absurdo”, seguro estoy que en la mayoría de ustedes la respuesta producida será un Enfático NO. Una demostración de que la fecha establecida por la Constitución, como la deseable para la juramentación del Presidente electo que inicia un nuevo período presidencial, no puede tener ese carácter de rigidez al cual aferrarnos para declarar una ausencia absoluta. Debe resultar obvio que tal fecha puede ser movida si sobrevienen causas de fuerza mayor que lo justifiquen.

¿Por qué entonces algunas voces identificables con la Oposición parecieran aferrarse a tan ilógica proposición de una declaratoria de ausencia absoluta del Presidente a cuenta de que al parecer, probablemente, Chávez no estará en condición de venir al país para juramentarse como nuevo presidente el 10 de enero? Hecho éste que Diosdado Cabello, muy bien asesorado, aprovecha para tratar de endilgarle a toda la Oposición tan descabellado argumento que él combate tal cual fueran los gigantescos molinos del Don Quijote. Muy probablemente, esas personas están pensando en la condición de salud de Chávez y no alcanzan, en su razonamiento, a separar el precepto constitucional que establece el diez de enero como fecha de juramentación del contexto actual que también raya en lo absurdo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un presidente en ejercicio –cuestión que también complica el análisis lógico de la situación- que hace más de un año se reconoció como enfermo de cáncer. Que tal condición ha generado reiteradas ausencias del país, que ante los ojos de cualquiera que quisiera ser medianamente objetivo tendrían que iluminar una duda sobre su capacidad para seguir dirigiendo al país. Desapariciones y apariciones cíclicas que contribuyen cada vez más a consolidar esa sospecha de que un terrible mal aqueja al Presidente y le ha ido minando su posibilidad de continuar siéndolo. A muy escasos días de ser reelecto, se ausenta, en pleno inicio del proceso para elegir los gobernadores y asambleas legislativas estadales. Quien haya conocido a Chávez no le puede negar su condición de bregador electoral, por lo que no puede extrañar que muchos pensáramos: así de mal estará Chávez que ni siquiera puede hacerse presente en apoyo a sus candidatos. Otros siguen pensando –los menos-: su ausencia es parte del show de aprovechamiento electoral de la lástima. Pues bien, el 16D transcurrió, el Oficialismo triunfó y la ausencia es total, ni siquiera un mensajito de felicitación a sus victoriosos candidatos ha podido grabar. Algunos comienzan a especular si ya no estará muerto. ¿Hasta cuándo se mantendrá al país en este siniestro escenario de incertidumbre?

A pesar de toda la sospecha que podamos abrigar sobre la salud del Presidente, el problema no puede ser la fecha de juramentación. Insisto esa fecha puede ser movida, pero para hacerlo se necesita una justificación. He aquí donde reside el verdadero problema. La Oposición debe centrar todo su esfuerzo en solicitar un justificativo por la vía de una comisión médica, cuya autoridad profesional e independencia política le brinde confianza al país. Ya es hora de que todos los venezolanos sepamos a qué atenernos en lo que respecta a la salud del Presidente y si él estará en condiciones o no de asumir la Presidencia. Ante esta solicitud muy lógica, ningún argumento se puede contraponer. Es posible que el Oficialismo termine haciendo lo que ellos decidan, sigue teniendo a todas las Instituciones rodilla en tierra ante este sainete de irresponsabilidad, pero, al menos, la Oposición habrá asumido ante el país y el mundo una exigencia lógica, clara e irrebatible. No se puede asumir el riesgo de que nuestra posición ante la ausencia presidencial se diluya y sea descalificada por insistir en la inamovilidad de una fecha como recurso desesperado para salir del Presidente. Esto último estará muy lejos de generar consenso en el país, pero lo otro sí: Exigir la verdad. En la Asamblea Nacional se debe trabajar para conseguir la designación por unanimidad de una Comisión Médica.  El Oficialismo no puede seguir pretendiendo ad infinitum tapar el sol con un dedo, es cuestión de no desesperarnos amparados en una sólida posición argumental.