El segundo de una trilogía sobre el conflicto universitario.

La Confrontación Entre Dos Modelos

Asdrúbal Romero Mujica

A muchos profesores que han deseado visualizar el actual conflicto universitario como uno de naturaleza, estrictamente, laboral, les tengo una mala noticia: este conflicto es Político. ¡Es inevitable que lo sea!

Es Político, con P mayúscula, porque se trata del conflicto entre dos modelos de Universidad. A lo largo de todos estos años, el Régimen fue dejando que la universidad tradicional se cocinara en su propio caldo, mientras se abocaba a crear su propio sistema paralelo que les formara los profesionales que, a su criterio, requería el país. Un sistema muy masificado que le ha permitido al oficialismo hacer propaganda porque, en verdad, la escolaridad a nivel de educación superior se ha elevado hasta los dos millones y medio de estudiantes –sería necio desconocer el efecto propagandístico que ha tenido el alardeo sobre esta cifra-. El problema es la calidad de formación que se imparte en ese sistema, como muchos autores, incluida mi persona, lo hemos apuntado.

Ahora bien: ¿Qué es lo que conseguimos al interior de ese modelo? ¿Hay democracia? Las autoridades de las nuevas universidades siguen siendo designadas por el Ejecutivo, como también las de las universidades experimentales que ellos intervinieron al inicio de su gestión (la Rómulo Gallegos y la Francisco Miranda por señalar sólo dos ejemplos). Nos encontramos en el transcurso del décimo cuarto año de mandato del Oficialismo, y no se observa tendencia alguna a corregir ese autoritarismo imperante en el subsistema universitario oficialista. Sin embargo, los simpatizantes del Gobierno al interior de nuestras universidades se dan el tupé, cuando participan en foros sobre el actual conflicto, de apuntalar su posición sobre la base de los defectos de nuestra democracia universitaria. ¡Claro que es defectuosa! En lo particular: me he convertido en un empedernido crítico sobre nuestra dinosáurica inercia para emprender la urgente transformación de nuestras instituciones, pero no me vengan éstos con su típica actitud gobiernera a sacar petróleo de la pajita en el ojo ajeno cuando ellos tienen una viga en el suyo.

Creo, además, que una eficaz transformación de nuestro sistema universitario requiere, como premisa fundamental, la concreción de un diálogo verdaderamente bilateral entre Estado e Instituciones, lo cual no ha sido posible con este gobierno –entre otras cosas por estar demasiado ocupado en montar su propio sistema-.

Desde los tiempos en los que Navarro fue el primer ministro de Educación de este gobierno –para mí es una continuidad que incluye a Chávez y Maduro- y Ministro- Presidente del CNU (no existía el Ministerio de Educación Universitaria), la “joya de la corona” emblema de su vocación transformadora de la universidad venezolana era la democratización, es decir, expresado en términos más coloquiales: que empleados y obreros también votaran para elegir autoridades. Así nos lo confesó a los rectores de las universidades autónomas de aquel entonces. Pues bien, retorno a la misma cantaleta: han transcurrido trece años y algo más y el objetivo principal de su transformación no lo han implantado.

A duras penas lo incluyeron en el numeral tercero del Artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, pero no lo reglamentaron, con lo cual dieron pie, hoy día creo que con total intencionalidad, a que se generara una verdadera anarquía que ha desembocado en la paralización de los procesos de renovación democrática de nuestras autoridades rectorales, decanos y representantes a organismos de cogobierno. Elección que se intenta realizar, elección que es detenida por un mandato de la Sala Electoral, en una clara manifestación intervencionista de nuestra autonomía. Tiene uno que volver a calarse a los adláteres internos del oficialismo escuchándoles decir que ya no existe democracia en nuestras instituciones, que las autoridades vencidas son ilegítimas (yo añadiría que están muy agotadas, en todos los sentidos), etc., etc., cuando el problema lo ha creado el mismísimo gobierno. ¿Y por qué no han reglamentado el bendito numeral? ¡Porque les conviene de esta manera! Por un lado: debilitan a las autoridades de las universidades donde hay elección, creándoles problemas de gobernabilidad, y por el otro: no se ven en la necesidad de instaurar su tan mentada “democracia protagónica y participativa” en las universidades regidas por el autoritarismo oficialista. Maquiavélicos en verdad y sus troyanos: tontos útiles o cínicos.

No suficiente con lo anterior, tampoco a la democracia de nuestros organismos gremiales la han dejado funcionar. Ni la FAPUV ni las respectivas asociaciones profesorales han podido hacer elecciones, como tampoco lo han podido hacer la mayoría de los colegios profesionales y muchos sindicatos a lo largo y ancho del país. ¿Por qué? Simplemente porque requieren autorización del CNE y a éste no le ha dado la gana de otorgársela, así vemos como ese vigor renovador propio de los procesos democráticos ha sido congelado en nuestras instituciones. Más alpiste para sus troyanos, que salen a repetir como loritos que la FAPUV no es más que un club de viejos dirigentes gremiales pastores de la vieja política. “Es por eso que no se quieren sindicalizar” –argumentan-, y no porque hayamos visto hasta la saciedad cómo se maltrata a los sindicalistas que se atreven a defender a sus agremiados de los abusos del todopoderoso patrón gubernamental.

Retornando al análisis del modelo universitario oficialista, nos conseguimos que sus instituciones más emblemáticas se han estructurado sobre la base de una organización académica muy débil e insuficiente: muy poco personal fijo. En un porcentaje muy mayoritario, pero que muy muy, sus clases son impartidas por profesores contratados por horas a los que no se les ha hecho concurso. Por supuesto: cómo puede haber en ellas investigación o extensión, si esas universidades son como moteles académicos donde el profesor va, da su clase y ya, luego deben esperar hasta seis meses para cobrar rezando que el desorden administrativo no les haya desperdigado sus pagos. Así subsisten, sin protección social, intentando trabajar por horas en tres o cuatro universidades mientras esperan la apertura de un concurso en alguna de las universidades de verdad: las nuestras, que aun en su proceso continuado de desmejora siguen ofreciéndoles un ambiente académico muy superior a las oficialistas.

Cuando se sientan con uno en las aulas de postgrado, aquellos a los que todavía les queda energía para formarse, después del inicial recelo se sinceran para compartir la nefasta realidad educativa en esas instituciones, que vienen a ser como una réplica académica del buhonerismo informal que pulula en las calles. Un modelo de muy bajo costo, es verdad, pero también de pésima calidad. Y lo más triste es que sus estudiantes están conscientes de ello, pero no se atreven a decir nada. Que los profesores también lo saben, pero en cuanto entran  a esos campus de la “verdad única” deciden actuar como autómatas, con tal de preservar sus escasas condiciones de subsistencia. Nadie protesta, nadie critica, ya sabemos porque. ¿Es ésto en lo que vamos a permitir se conviertan nuestras universidades?   No creo haber sido sólo yo quien haya recibido, desde hace ya varios años, múltiples testimonios en este sentido, pero nadie se atreve a alzar la voz, quizás porque tampoco existen en este país informes de evaluación institucional que los sustenten. Una obligación de Estado que tampoco se cumple, porque rinde más, políticamente, fantasear con los grandes números y no permitir que el gravísimo problema de calidad de los egresados de sus instituciones aflore al debate público.

¿Es este el modelo que el Régimen quiere imponer en nuestras universidades? Al principio pareció que no; desde el 2004 arrancó su política de empobrecimiento salarial de nuestros docentes e investigadores hasta traernos al punto que el típico sueldo de ingreso al plantel académico de cualquiera de nuestras universidades es apenas superior al salario mínimo, lo cual, obviamente, nos empuja a esa igualación por debajo con sus instituciones oficialistas en el renglón de mediocridad académica; desde el 2007 el cerco presupuestario ha sido impuesto con inusual descaro. Luego nos quita la democracia y ahora pretende quitarnos la dignidad.

Mi respuesta entonces es afirmativa, creo que ellos creen que ya llegó la hora de entrarnos con todo. Si seguimos como vamos, es posible que lo logren porque muchos docentes no han tomado una conciencia suficiente sobre la gravedad de este conflicto que les active; porque, exceptuando una vanguardia, los estudiantes se fueron para sus casas y después hay quienes se santifican diciendo que no nos preocupamos por quienes son las víctimas de este conflicto. Verdaderas víctimas van a ser cuando conviertan a nuestras universidades en esos pésimos liceos del submundo académico oficialista, si ellos y sus padres todavía no han tomado conciencia de esto es porque hemos fallado.

Como suele ocurrir en este país a cualquier sector que luche en defensa de la institucionalidad a la que ha pertenecido, el sentimiento de soledad es inmenso. Hay que darle un viraje estratégico al conflicto, pero para ello debemos responder antes a una crucial interrogante: ¿Debemos politizar el conflicto? Yo creo que sí, mis razones y lo que esto significa en la próxima entrega.