2gda Parte: "La Venezuela Sui Géneris..

SEGUNDA PARTE

"LA VENEZUELA SUI GÉNERIS AL BORDE DE UN COLAPSO APOCALÍPTICO"

B.- ¿Cómo se puede salir de este caos?

 Sólo extinguiendo el régimen.

El presidente interino y la Asamblea Nacional (AN) han definido una triada; tres etapas secuenciales para salir de este caos : (1°) Cese de la usurpación ; (2°) Gobierno de transición; y (3°) Elecciones libres.

¿Qué entiende la dirigencia opositora venezolana encabezada por Juan Guaidó y la AN por “cese de la usurpación”? ¿Sólo la salida de Nicolás Maduro del poder? No, es más que eso. Debe permitir que Guaidó pueda ejercer en plenitud el poder ejecutivo en su calidad de presidente encargado, conforme a la Constitución venezolana. Ello, a fin de encabezar un (corto) gobierno de transición hacia la democracia que posibilite hacer elecciones presidenciales libres. No se trata de sustituir a Maduro por algún otro miembro del actual régimen, o por una especie de Junta Militar (o cívico- militar) controlada por personeros del actual régimen. Un cese de la usurpación del poder presidencial por parte de Nicolás Maduro que no vaya simultáneamente acompañado de la extinción de la narco cleptocracia criminal, es decir, que no erradique simultáneamente a las mafias criminales (civiles y militares ) enquistadas en el poder ejecutivo y en la administración del Estado, y que no termine siendo plenamente avalado por las fuerzas armadas - reconociendo éstas a Guaidó como su Comandante en Jefe - no conduce a un gobierno de transición a la democracia que permita sentar las bases institucionales necesarias para la realización de elecciones presidenciales libres y democráticas en Venezuela. De modo que el denominado “cese de la usurpación” va necesariamente unido a la sustitución del actual poder ejecutivo por otro, encabezado transitoriamente por el actual presidente interino, con plenos poderes constitucionales.

  

El régimen Venezolano es un régimen cívico-militar. El consecuencia, no hay forma que se produzca dicho “cese de la usurpación” si ello no cuenta con la venia de las FFAA venezolanas (FANB). Necesariamente se requiere que las FFAA “se pongan del lado de la Constitución”, como señala el Presidente encargado Juan Guaidó. Pero esto no va a ocurrir por “arte y magia”. Aquella parte de las FFAA que participa de las ganancias de la narco cleptocracia criminal y que es incondicional al régimen no va a dejar de serlo en virtud de llamados por grupos de manifestantes opositores a las puertas de los cuarteles para que éstas recapaciten, ni por exigencias declarativas de Guaidó, quien de facto no es considerado por los militares como el comandante en jefe de la FANB. Necesariamente el “cese de la usurpación” pasa por un quiebre de la FANB. Aquí es donde es importante incorporar el hecho de que hay dos FFAA distintas que cohabitan en Venezuela. Para que dicho quiebre ocurra se requiere que las FFAA disidentes (mayoritarias, pero justificadamente atemorizadas por el G2 cubano) se rebelen contra las FFAA incondicionales al régimen: las corruptas , las que cohabitan con Maduro y sus mafias criminales. De modo que necesariamente el denominado “cese de la usurpación” en Venezuela pasa por que las FFAA disidentes se rebelen en contra las FFAA que son leales al régimen. Quien no lo entienda así no entiende la naturaleza del problema político-militar venezolano. 

  

Ahora bien, dicha rebelión o materialización del quiebre en la FANB puede ser de dos maneras: pacífico o violento. Para ser pacífico se necesitaría que, o bien las FFAA leales al régimen dejen de serlo - lo cual sería un milagro, altamente improbable dados los costos económicos involucrados en dejar el poder, más los costos asociados a juicios por crímenes de lesa humanidad - o bien que ambas FFAA “se cuenten “, y así eviten un enfrentamiento armado. ¿Es posible esto último ? En principio sí, pero es improbable que ello ocurra, precisamente por los altos incentivos a no dejar el poder anteriormente señalados. Y porque en esto juega en contra la característica descentralizada de la narco cleptocracia criminal: el hecho de que ésta conforma un conjunto de mafias segmentadas relativamente autónomas entre sí, no centralmente controladas por la cúpula del poder. Ello dificulta enormemente una eventual negociación entre ambas facciones de la FANB. De modo que lo más probable es que esta necesaria rebelión de las FFAA disidentes sea una insurrección militar violenta que someta, por la fuerza de las armas, tanto a aquella parte minoritaria de la FANB corrupta que sostiene militarmente al régimen como a los paramilitares denominados “colectivos” . Cosa distinta es que tal insurrección militar pueda ser muy breve, toda vez que buena parte de la actual FFAA que sustenta al régimen no ofrezca mayor resistencia y se repliegue ante dicha sublevación de la FFAA disidente (y lo mismo suceda con los “colectivos”). Esto último es la opinión que prevalece dentro de militares disidentes venezolanos en el exilio, quienes además aseveran que la FANB es militarmente muy débil y no está en condiciones de resistir un enfrentamiento armado más allá de unas pocas horas. 

Es importante señalar que mientras el régimen no se extinga, mientras Juan Guaidó no tenga el control total de las FFAA, no será posible abrir el urgente canal internacional humanitario hacia Venezuela. La Cruz Roja Internacional logró que el régimen aceptara ingresar una cantidad de ayuda humanitaria, bajo la condición de que el 50% de ésta sería distribuida por el Gobierno. Resultado: ese 50% en poder del Gobierno no ha sido distribuido.

C.- ¿Qué ha hecho la comunidad internacional por inducir un cambio de régimen en Venezuela?

1.- El reciente esfuerzo por una salida pacífica negociada. Se están haciendo esfuerzos al respecto, a iniciativa del gobierno de Noruega y del denominado “Grupo de Contacto”.

Al inicio de este documento se abordaron las características peculiares del régimen político venezolano. Con una narco cleptocracia cívico-militar totalitaria y corrupta conformada por un entramado de mafias criminales segmentadas no es viable negociar nada, ni menos una salida pacífica ; por varias razones. Primero, porque el poder está atomizado entre distintos intereses económicos asociados a mafias criminales independientes: ¿con cuál mafia negocias? ¿Qué garantía hay que si negocias con una, las otras van a estar de acuerdo con los mismos términos? Ninguna. Segundo, porque la lógica criminal, mafiosa y narco cleptocrática no se comunica con la lógica libertaria, honesta y democrática. No hay objetivos ni instrumentos compartidos. Tercero, porque no hay confianza ni credibilidad entre las partes. Existe una historia previa de varios intentos negociadores que demostraron ser sólo simulaciones por parte del régimen, con el fin de ganar tiempo, apaciguar las manifestaciones del pueblo y aferrarse más al poder. La reincidencia de dicha “estrategia negociadora” del régimen no la va a permitir Guaidó ni el pueblo venezolano. Cuarto, porque en este caso se trata de generar un cambio político estructural que de facto implica negociar su salida del poder. Y no existe incentivo alguno para que ellos arriesguen perder su poder, pues cualquier cosa que se les ofrezca a cambio jamás podrá compensarle los costos de dejarlo. Más todavía si, al costo de dejar de acumular riqueza personal mal habida se le suma el costo de la pérdida de la libertad por delitos comprobados vinculados al desfalco y al narcotráfico (hay varios juicios en curso en EEUU que nadie los puede detener) y a crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles e inadmistiables. Tales costos son de suyo incompensables. Y quinto, porque ni siquiera hay acuerdo en el objeto de negociación. En efecto, si el objeto primario de negociación es el “cese de la usurpación”, y una de las partes afirma que tal usurpación no existe, hasta ahí nomás llega la negociación. Peor todavía: la salida del poder por parte de Nicolás Maduro es correctamente considerada por la oposición como un mero pre requisito para un gobierno de transición a la democracia (que, a su vez, es pre requisito para hacer elecciones libres). Esto es muy importante. Ya existe precedente de que el pueblo venezolano mayoritariamente no participará en una elección presidencial mientras el régimen no se extinga: desaparezcan todos los poderes anti democráticos existentes y se restaure plenamente la institucionalidad democrática. No hay términos medios en esto. De modo que el objeto de negociación sería una transición a la democracia. Pero resulta que la contraparte sostiene que en Venezuela existe una democracia; entonces, carece de sentido negociar una transición hacia algo que una de las partes estima que ya existe.

¿A quién no le gustaría que todos los conflictos se resolvieran en forma pacífica? ¡A nadie! Pero cuando no se pueden resolver de manera pacífica, no queda otra que aplicar el lema del escudo chileno : por la razón o la fuerza. El conflicto venezolano no es viable que tenga una salida pacífica pues su solución pasa necesariamente por un quiebre de la FANB, y, como vimos, ello requiere de un “anti- golpe militar” que no puede tener una expresión pacífica. Lo único que corresponde hacer es establecer un mecanismo eficaz para inducir dicho anti-golpe militar lo antes posible, y que éste se materialice con el mínimo costo.

Desafortunadamente ello aún no ha sido internalizado cabalmente por toda la comunidad internacional de países democráticos, quizás porque algunos países todavía no han asimilado bien las características idiosincráticas del régimen venezolano. De allí que aún existan países que crean posible “dialogar” y “llegar a acuerdos” (que puedan ser honrados) entre este régimen y la oposición venezolana, destinados a que el régimen “negocie” su salida del poder en forma pacífica, es decir, voluntaria, mediante elecciones o algún otro mecanismo propio de regímenes democráticos (obviamente el régimen también sabe que no cuenta con más del 10% del electorado). La oposición ha aceptado (transitoriamente) tales ofrecimientos mediadores a sabiendas que están predeterminados al fracaso. Sólo lo hace para que dichos países terminen por convencerse de que ello es totalmente inviable en un régimen político de esta naturaleza. Dicho convencimiento definitivo sólo podrá servir para dar mayor legitimidad internacional a una eventual colaboración militar por parte de EEUU y otros países que permita presionar militarmente al régimen para que éste se extinga por la fuerza.

2.- El rol de organismos internacionales multilaterales. ¿Qué posibilidad de protección internacional institucionalizada de carácter coercitivo tiene un pueblo que sufre las consecuencias de una tiranía corrupta y criminal como la venezolana? Diría que, en la práctica, ninguna. En efecto, el único organismo internacional que puede legítimamente actuar por la fuerza contra un régimen de esta naturaleza es Naciones Unidas. Pero ésta tiene una norma interna absurda que data de 1945, que otorga derecho a veto a cualquiera de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (China, Rusia, EEUU, Reino Unido y Francia). Y como siempre puede haber intereses ideológicos, geopolíticos y/o económicos que, para al menos uno de estos países, pueden estar por sobre la preservación de los DDHH en un país en particular, la ONU de facto resulta fútil para impedir - por la razón o la fuerza- que se sigan violando los DDHH, incluido el derecho a la vida. Con lo cual, de paso, el principio de la “responsabilidad de proteger” - incorporado en la jurisprudencia de la ONU desde el 2005- en la práctica resulta ser “letra muerta”, pues el uso de una fuerza militar a fin de honrar tal responsabilidad internacional tendría que ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Algo análogo ocurre con el caso de las declaratorias acerca de la necesidad de “injerencia humanitaria” por parte de la ONU. Estas, por añadidura, al parecer requieren ya sea un requisito previo en relación al número de muertos causados por una catástrofe humanitaria (número de suyo desconocido) o bien la existencia comprobada de contagios de enfermedades a terceros países producto de las crisis humanitarias (i.e. las crisis humanitarias sólo darían lugar a “injerencias humanitarias” en la medida que éstas afecten a terceros países). La OEA, por su parte, carece de facultades coercitivas para impedir que un Estado miembro persista en violar sistemáticamente los DDHH y en cometer crímenes de lesa humanidad.

El parlamento venezolano está por aprobar la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). El artículo 6 del TIAR establece que cualquier situación que ponga en riesgo la paz y seguridad del continente americano- cuestión perfectamente argumentable en el caso venezolano, como se verá posteriormente - da lugar a que el Consejo Permanente de la OEA convoque a los Estados miembros del TIAR para tomar las medidas que considere apropiadas, entre las cuales está contemplado el uso de una fuerza armada conformada por uno o más de los países miembros de dicho tratado. Sin embargo, hay dos escollos para ello. Primero, el quorum requerido: dos tercios de los países signatarios del TIAR. No es claro que una petición de esta naturaleza por parte del Presidente interino Juan Guaidó pueda contar con una aprobación que satisfaga dicho quorum. Segundo, aunque se lograra dicho quorum, el Art. 10 del TIAR auto- restringe la aplicación de éste a la prevalencia de la Carta de las Naciones Unidas con respecto al “conjunto de derechos y obligaciones internacionales de cada país signatario del mismo”. Ello sugiere que el uso de la fuerza armada contemplada en el TIAR como posible solución a un conflicto, tendría que materializarse en conformidad a lo que al respecto estipula la carta de la ONU. Esto último implica que se podría requerir contar con la venia del Consejo de Seguridad de la ONU. Reaparece, por tanto, el escollo del “derecho a veto”. Salvo que se decida saltarse al Consejo de Seguridad de la ONU – lo cual sería una decisión política - el TIAR no conduciría al objetivo deseado: la extinción del régimen, por la fuerza. Eso no quita que la incorporación de Venezuela al TIAR pueda ser importante desde un punto de vista diplomático, para dar mayor legitimidad internacional a una eventual decisión de colaboración militar extranjera hacia Venezuela.

En síntesis, la institucionalidad internacional para la fiscalización y tutela de la vigencia de los DDHH en el mundo (incluido el derecho a la vida) es una institucionalidad fallida, toda vez que ésta carece de instrumentos coercitivos eficaces para impedir que un Estado persista en violar los DDHH de su población. Esto incentiva a que este tipo de decisiones que requieren la aplicación de una fuerza militar externa - para poder ir en auxilio de un pueblo subyugado cuyos derechos fundamentales sean expoliados por un Estado- se tomen al margen del derecho internacional, a fin de soslayar el absurdo derecho a veto contemplado en la Carta de las Naciones Unidas. Dicho derecho a veto le otorga un poder omnímodo a cualquiera de los cinco países del mundo que conforman en su calidad de miembros permanentes dicho Consejo de Seguridad. Así, no sólo el respeto a los DDHH tiene preeminencia sobre la autodeterminación de los pueblos, sino que, de facto, el “derecho internacional humanitario” termina teniendo preeminencia sobre la Carta de las Naciones Unidas.

 

Sólo un instrumento jurídico doméstico, en particular, la activación del artículo 187- 11 de la Constitución venezolana, empoderará a Guaidó y a la Asamblea Nacional para solicitar colaboración militar extranjera. Que ésta se materialice o no - y, de materializarse, el momento en que ello se hará - dependerá de la voluntad política de el o los países que puedan proporcionar dicha colaboración. Los tiempos del pueblo venezolano siempre serán más urgentes que los de los países potencialmente colaboradores con la salida a su tragedia.

3.- El mecanismo de las sanciones económicas. Varios países del mundo, entre los cuales destacan Estados Unidos y algunos países europeos, han aplicado sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro. EEUU ha sido pionero en esto. Tales sanciones se pueden clasificar en dos categorías : (a) sanciones personalizadas, y (b) sanciones no personalizadas. Las primeras son aplicadas a determinados individuos del régimen, “con nombre y apellido”, y corresponden a la inmensa mayoría de las sanciones aplicadas hasta ahora. 

Las sanciones económicas no personalizadas se iniciaron el 24 de agosto del 2017 (ver recuento en Diario El Comercio, 25-04 -2019 . Fuente: AFP) con la prohibición por parte del Gobierno de EEUU de transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA. A ello le siguieron otras sanciones de similar naturaleza, en el 2018. Los efectos macroeconómicos de esas sanciones son prácticamente nulos, pues el sector privado norteamericano no estaba ni estará dispuesto a prestarle fondos al gobierno de Nicolás Maduro, independientemente de tales restricciones gubernamentales. En este sentido, las sanciones económicas no personalizadas son de suyo redundantes; con la sola excepción del embargo petrolero que empezó a regir el 28 de abril del presente año. Los efectos económicos de dicho reciente embargo petrolero están por verse (buena parte sólo sustituirá desfalco, reducirá donaciones a Cuba, y afectará amortizaciones de deuda a Rusia y China) . Las sanciones personalizadas, por su parte, afectan sólo el patrimonio individual de personeros del régimen: no tienen impacto macroeconómico alguno. De modo que ciertamente la crisis económica y social de Venezuela no tiene nada que ver con las sanciones. Ahora bien, la pregunta relevante es : ¿tienen algún efecto político estas sanciones?

Las sanciones no personalizadas ciertamente han impactado la magnitud del desfalco por parte del régimen. Y las sanciones personalizadas han afectado los patrimonios mal habidos de una cantidad muy significativa de funcionarios del régimen. Sin embargo, un narco Estado siempre será rentable. La narco cleptocracia venezolana sigue en condiciones de hacerse de recursos ilícitos a través del narco tráfico, el tráfico de oro, coltán, tráfico de armas, entre otros. Y los costos al blanqueo de capitales ilícitos que imponen las sanciones pueden ser soslayados a través de múltiples mecanismos, asistidos por sistemas financieros en “países amigos” del régimen (Cuba, Rusia, Turquía, China, Irán y Siria). Nada de esto lo podrán evitar las sanciones económicas de EEUU ni de otros países democráticos del mundo. De modo que las sanciones a una narco cleptocracia criminal compuesta por múltiples mafias corruptas más bien se parecen a golpes aplicados a un objeto que está montado y adherido a un resorte: después del golpe, éste regresa a su lugar de origen.

En consecuencia, las sanciones económicas no han sido ni serán un mecanismo eficaz para inducir un cambio político estructural en Venezuela.

¿Qué efecto político interno han provocado estas acciones de la comunidad internacional? El conjunto de factores internacionales antes expuestos, aunado al reconocimiento de Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela por más de 50 países del mundo , más el masivo apoyo del pueblo hacia Guaidó y a su itinerario (triada) para el cambio político, ciertamente han contribuido a que Maduro esté cada día más débil y aislado. El régimen está fracturado y a la defensiva; se limita a reprimir, torturar y asesinar civiles y militares, y a preparar militarmente sus milicias. Hay total desgobierno. Se ha generado una creciente implosión del régimen. El peligro de dicha implosión es que ésta podría conducir a un autogolpe de Estado que expulse a Maduro del poder y que éste sea sustituido por algún otro personero del actual régimen (civil o militar). Y consolidar así el mismo régimen pero con otro tirano. Pero claramente es altamente improbable que la implosión del régimen conduzca al “cese de la usurpación” deseado por Guaidó, la AN y el pueblo; es decir, a un cambio político estructural que permita un gobierno de transición a la democracia encabezado por Guaidó para poder realizar elecciones presidenciales libres. Para esto último necesariamente se requiere contar con la venia de la FANB, lo cual pasa por inducir el quiebre de la FANB . Condición necesaria (no suficiente) para lograr aquello es que el régimen perciba que existe una amenaza militar extranjera creíble. Esa percepción todavía no existe.

De los factores internacionales anteriormente abordados, estimo que sólo la incorporación de Venezuela el TIAR aporta algo a tal percepción. Ello, no por el tratado en sí, sino porque éste puede contribuir a legitimar una colaboración militar externa, incluso al margen de la existencia de la restricción jurídica de la ONU antes indicada. Y eso sí apunta a generar la mencionada percepción de amenaza militar externa. Sin embargo, el valor agregado de la activación del art. 187-11 para tal percepción de amenaza es muchísimo mayor que el aportado por el TIAR. No sólo porque no está presente la “tabla de salvación” del Consejo de Seguridad de la ONU con que cuenta el régimen (el veto de Rusia y China), sino porque el tiempo requerido para acordar una eventual colaboración militar es sustancialmente menor que en el caso del TIAR . Por tratarse de un instrumento jurídico interno, el art.187-11 no requiere pasar previamente por una deliberación diplomática entre varios países para ser activado. Y una vez activado, se convertiría en una verdadera “espada de Damocles” para el régimen, independientemente de que Guaidó solicite o no colaboración militar extranjera e independiente de que ella se otorgue. La mera activación de la facultad constitucional estipulada en el art.187-11 representa , así, un instrumento político que debilita al régimen y fortalece a Guaidó y a la oposición. Desafortunadamente, ni Guaidó ni la AN han internalizado este rol político asociado a la activación de dicha facultad constitucional.

D.- ¿Por qué la permanencia del régimen es una amenaza para la región?

El problema venezolano traspasa el ámbito de las fronteras venezolanas. Hay intereses geopolíticos en juego, y amenazas a la seguridad y estabilidad de otros países de América. A continuación me refiero a esto último.

1.- Potencial inseguridad en el ámbito nuclear.

Venezuela cuenta con la segunda reserva de uranio más grande del mundo. Y el régimen de Nicolás Maduro mantiene estrechos lazos políticos y económicos con Irán.

En el contexto de un régimen cercado en sus fuentes de financiamiento, con una economía colapsada, y encabezado por un personaje corrupto dotado de inteligencia límite que bordea en la demencia, y que manifiesta abiertamente su odio hacia el gobierno de Estados Unidos y sus países aliados, no es para nada descartable que se generen negocios entre Venezuela e Irán vinculados a la explotación de yacimientos de uranio, con el fin de intercambiar uranio por armas nucleares confeccionadas en Irán. La existencia del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) no representa garantía alguna en un régimen como el de Nicolás Maduro. Adicionalmente, dado el reciente colapso total del sistema eléctrico en Venezuela - cuya restitución requiere de grandes inversiones- no es descartable que el régimen pretenda utilizar esta abundante dotación de uranio para poder generar energía eléctrica. Considerando los antecedentes disponibles acerca del agudo déficit histórico de mantenimiento en las empresas estatales del sector eléctrico y en otras empresas estatales (producto de la corrupción, desfalco e ineficiencia), resulta altamente arriesgado que en la Venezuela (des) gobernada por Maduro puedan proliferar reactores nucleares, y estemos constantemente expuestos a vivir un episodio tipo Chernobyl en América Latina.

Aparentemente, sólo EEUU y algunos (pocos) países desarrollados están conscientes de este potencial peligro. No parecen estarlo los países latinoamericanos. A mi modo de ver, esta es la amenaza (a mediano plazo) más seria para la región , asociada a la permanencia del régimen de Nicolás Maduro en el poder.

2.- Exportación de narcotráfico, crimen y guerrilla hacia el resto de latino américa.

Un narco Estado enquistado en América Latina es una seria amenaza para la región. Es conocido que el narcotráfico a gran escala es difícil de combatir, más todavía cuando éste es abiertamente amparado y promovido por un Estado. El año pasado se “exportaron” 240 toneladas de cocaína a través de Venezuela. La región tendrá que distraer más recursos públicos para reforzar sus fronteras marítimas y coordinar esfuerzos mayores entre los distintos países. El narcotráfico atrae la corrupción, y ésta debilita las democracias. Asimismo, la presencia de bandas internacionales del crimen organizado, de las FARC y ELN (hay cuatro Estados totalmente controlados por el ELN) así como de grupos terroristas islámicos (Hezbolá e ISIS) ha ido fortaleciéndose a través del tiempo: actualmente, en su conjunto, controlan cerca de la mitad del territorio venezolano. Tales grupos terroristas islámicos y la ex guerrilla colombiana tienen pretensiones geopolíticas expansionistas. De hecho, esta última ya está efectuando atentados en Colombia dirigidos desde Venezuela, con intenciones de desestabilización política.

Lo anterior representa una clara amenaza a la estabilidad de las democracias en la región.

3.- Contagios de enfermedades y pestes erradicadas en el resto de la región.

Crecientemente, la diáspora venezolana inducida por la catástrofe humanitaria ha ido adquiriendo la característica de refugiados que llegan a los países de destino en condiciones paupérrimas y con serios problemas de salud. La carencia de vacunas en el sistema público de salud, la debilidad inmunológica producto de la desnutrición, aunado a la más reciente crisis sanitaria producto de la carencia de agua potable - asociado el colapso del sistema eléctrico- han generado un escalamiento de enfermedades infecto contagiosas en Venezuela. Datos recientes recopilados por la Encuesta Nacional de Hospitales ofrecen un panorama sombrío de la salud de Venezuela: aumento de muertes por un brote de amibiasis, una forma de disentería transmitida por alimentos o agua contaminados. Conforme a lo publicado en la revista científica The Lancet Infectious Diseases, pestes y enfermedades como malaria, difteria, la tuberculosis, la escabiosis, el sarampión, el mal de Chagas, el dengue, la fiebre Chikunguña y el virus del zika han resurgido en Venezuela con coberturas poblacionales alarmantes. Al respecto, dicha revista científica señala: “esta tendencia amenaza con virulencia al combate de esas enfermedades infecciosas en Latinoamérica”.

4.- Costos fiscales crecientes en educación y salud pública generados por una inmigración forzosa que crece a tasas crecientes.

Las consecuencias de la situación de emergencia humanitaria aguda que se vive en Venezuela; el sistemático empobrecimiento de la población (90% del país tiene que vivir con menos de US$ 6 diarios, según datos de la AN ); la inseguridad y violencia rampante que afecta la vida diaria de las familias venezolanas (1.484 menores y 997 adolescentes perdieron la vida de forma violenta durante 2018 , según OVV y Cedodap); la falta de oportunidades laborales y de desarrollo familiar en el ámbito económico; el colapso del sistema eléctrico con el consiguiente racionamiento de luz y subsecuente escasez de agua; el reciente racionamiento de gasolina ; aunado a la desesperación ante un desgobierno y caos reinante percibidos como increscendo y que no termina nunca, son elementos que explican la diáspora venezolana. Se trata de una emigración forzosa en un Estado fallido, forajido, totalitario y criminal.

Ya son más de 4 millones de venezolanos los que han huido de su país, la mayoría de los cuales están localizados en latinoamérica. La migración venezolana a Colombia, en promedio, es de 63 mil personas diariamente, con 2.500 que se quedan en dicho país y el resto sigue fronteras abajo, buscando un destino en Ecuador, Bolivia, Perú, Chile o Argentina. Esto obviamente genera costos a los países de destino- en particular a Colombia, donde se concentra la mayor cantidad de inmigrantes y refugiados venezolanos – . Estos costos se manifiestan fundamentalmente en la educación pública y en servicios de salud pública. La situación en Perú, por poner un ejemplo, ya demostró que de los emigrantes venezolanos que llegan a ese país el 71% requiere ayuda médica. Se van a ir sumando costos asociados a solucionar un eventual déficit de vivienda social por incapacidad de pago de arriendo por parte de los emigrantes más pobres. Mientras mayor sea esta migración forzosa y más pobre sea la población que emigre, mayores serán dichos costos para los países de destino. Según la agencia de Naciones Unidas ACNUR, en el pasado mes de mayo la migración se incrementó en alrededor de 500 mil personas (incluyendo una estimación de la emigración por pasos fronterizos no controlados), totalizándose una cifra cercana a los 4 millones de migración forzosa. Otras estimaciones de fuentes independientes dan cifras aún mayores (las cifras de ACNUR excluyen una estimación de la migración ilegal, situación que se explica por la dificultad de obtener pasaporte y el certificado de antecedentes penales en Venezuela). Todas indican, sin embargo, que esta migración está nuevamente creciendo a tasas crecientes, y que las características de la población venezolana que emigra se van progresivamente asemejando a la de refugiados en condiciones paupérrimas. De continuar el régimen de Nicolás Maduro en el poder, a fines de este año- inicios del próximo la cantidad de migración forzosa podría duplicarse, es decir, llegar a un total cercano a 8 millones de venezolanos. Eso es el doble de los habitantes de países como Uruguay o Panamá, Dada la actual estructura de esta migración por países de destino, ello significa que, a fines de este año- comienzos del 2020 la cantidad de emigrantes y refugiados venezolanos se podría duplicar en cada uno de los países latinoamericanos de destino.

Obviamente la capacidad de los países de destino en la región para absorber estos costos crecientes tiene un límite, pasado el cual el problema de la diáspora venezolana se transformará en una carga fiscal (y en una presión a la baja en los salarios) demasiado significativa. Ello representa una potencial fuente de desestabilización para los principales países de destino.

E.-¿Cómo se viabiliza la opción militar?

Mediante un mecanismo de presión y amenaza militar externa solidaria y creíble. Venezuela no puede sola.

La “opción militar” es la única viable, pues el soporte armado del régimen forma parte constitutiva de una alianza cívico-militar indisoluble de naturaleza criminal que – como vimos- no está ni estará dispuesta a dejar su poder de control total del Estado sino por medio de la fuerza. Esta opción consiste en inducir un quiebre en las fuerzas armadas que permita restaurar la plena vigencia de la Constitución y la institucionalidad democrática. En Venezuela, eso será factible sólo a través de algún esquema de asistencia militar extranjera. Por asistencia militar extranjera no entiendo una iniciativa militar extranjera de intervención directa en territorio venezolano en la cual una fuerza militar externa se enfrente a la FANB en su conjunto. No es ésa la naturaleza de la colaboración militar externa requerida. En efecto, desde un punto de vista militar y político no tiene sentido desaprovechar la coexistencia de facto de dos FFAA en Venezuela: una minoritaria, corrupta, criminal e incondicional al régimen; y otra mayoritaria, profesional, disidente al régimen, secuestrada por el G2 cubano y justificadamente atemorizada por las represalias hacia sus familias ante la eventualidad de que un pronunciamiento militar contra el régimen no sea exitoso. Se trata de inducir un quiebre en la FANB internalizando la existencia de estas dos FFAA distintas. Tampoco tiene sentido provocar daños colaterales innecesarios, generar un enfrentamiento excesivamente largo, ni olvidarse de que resultará conveniente lograr reunificar la totalidad de la FANB bajo el mando de Juan Guaidó (sin el G2 cubano ni los criminales de por medio), a fin de garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad durante la transición a la democracia que, idealmente, no requieran de la presencia de fuerzas militares extranjeras (salvo a posteriori, si fuese necesario para acabar con la guerrilla y los grupos terroristas islámicos).

De lo que se trata, entonces, es inducir un quiebre en la estructura militar de la FANB, es decir, una rebelión militar impulsada por los militares disidentes al régimen, que permita consolidar, en un corto período de tiempo, una nueva correlación de fuerzas al interior de la FANB. En este caso particular ello se debe conceptualizar como un “anti-golpe militar” pues en Venezuela desde hace tiempo ya existe, de facto, un golpe militar institucionalizado. Si no es posible una materialización pacífica del quiebre en la FANB, ¿qué se requiere para que la FFAA disidente (y mayoritaria) asuma los riesgos asociados a este insoslayable “anti-golpe militar”?

La FFAA disidente requiere tener confianza de que dicho “anti-golpe militar” tendrá éxito y que, por ende, no podrá haber posteriores represalias hacia los militares y/o sus familias por parte de la FFAA corrupta que sustenta al régimen, ni tampoco por los grupos paramilitares civiles armados que actúan en concomitancia con ésta (nótese que el riesgo que asumiría la FFAA disidente es mayor que cuando los militares van a una guerra, pues en ese caso los militares no ponen en riesgo la vida de sus familias). Dicha confianza sólo se logrará proporcionándole a la FFAA disidente una especie de “póliza de seguro militar ”. El mecanismo pertinente es lo que puede denominarse como un “mecanismo de presión y amenaza militar externa solidaria y creíble”, que permita simultáneamente lograr dos objetivos: (a) inducir el quiebre de la FANB, y (b) asegurar el éxito del anti-golpe militar, con el mínimo costo. La inducción de dicho quiebre en la FANB pasa por una amenaza militar externa que sea percibida como creíble por parte de toda la FANB . Al mismo tiempo, ésta debe ser percibida por la FANB disidente como una eventual intervención militar externa colaborativa de carácter reactiva e instantánea, contingente a que dicha fuerza militar disidente se vea en la obligación de solicitar auxilio militar para garantizar el éxito y la irreversibilidad del “anti-golpe militar”. Esto tiene dos pre- requisitos para que pueda funcionar. Por una parte, en el frente interno, se requiere que la FANB vea claramente que el art. 187 – 11 de la Constitución se encuentra activado por la AN. Esto cumple dos objetivos simultáneos: (i) genera la percepción de una amenaza militar externa creíble, para el conjunto de la FANB; y (ii) representa una garantía mínima para que la FFAA disidente tenga plena confianza en que no habrá impedimento político interno alguno para materializar la posibilidad de un auxilio militar extranjero colaborativo, en caso de requerirse. Por otra parte, se requiere que la FFAA disidente confíe en que efectivamente habrá auxilio militar extranjero, en forma instantánea, si ésta lo solicita. Para esto último no sólo se necesita urdir un compromiso reservado en tal sentido. Sería necesario, además, que la FFAA disidente pueda visualizar la presencia de un despliegue militar extranjero en las inmediaciones del territorio venezolano. Sólo si se le dota a la FANB disidente de esta “póliza de seguro militar” se darán las condiciones necesarias y suficientes para materializar el quiebre de la FANB y consolidar una nueva correlación de fuerzas al interior de ésta, indispensable para un cese de la usurpación y una posterior transición pacífica hacia la democracia y elecciones libres.

  

Si este mecanismo se aplica bien, es probable que ni siquiera se necesite materializar un apoyo militar externo de carácter reactivo, y que la colaboración militar extranjera quede solo en el terreno de una amenaza creíble.

F.- La urgencia de la salida.

 Ad portas de una explosión social anárquica.

¿Me voy o me quedo? Este parece ser el dilema existencial de la familia venezolana. A la catástrofe humanitaria, a los prolongados cortes de energía eléctrica - que en algunas ciudades se traducen en varios días sin luz - , a las colas por conseguir alimentos, agua, gas, se agregaron desde el mes de abril las colas para conseguir gasolina (que en muchas ciudades hoy se traducen en varios días haciendo cola). Un clima social invivible.

¿Qué significa que cerca de medio millón de personas hayan decidido irse de Venezuela en un solo mes, y que ése mes haya sido mayo?

• El racionamiento de electricidad, agua, gas y más encima de gasolina, fueron los goterones que rebalsaron con creces el gigantesco vaso de la paciencia del pueblo venezolano.
• También significa que ha mermado significativamente la resiliencia del pueblo.

Pero el hecho de que esto haya ocurrido en mayo no es mera coincidencia; tiene importantes inferencias políticas en el terreno de las percepciones, a saber:

• El frustrado levantamiento militar del 30 de abril fue interpretado por el pueblo (quizás por las miles de personas que emigraron) como “un tiro a los pies” de Guaidó; que se demostró improvisación, e insuficiente madurez política para enfrentar este tipo de coyunturas (no se debe llamar al pueblo a las calles cuando exista riesgo inminente de enfrentamientos entre militares). Un especie de fracaso autoinfligido. Y, para muchos, quizás también fue percibido como que no se cuenta con suficiente apoyo de la FANB (lo cual estimo incorrecto). Para otros - quizás por falta de información clara a posteriori – también se generó nuevamente desconfianza hacia la dirigencia opositora, esta vez liderada por Guaidó. En efecto, inmediatamente después del fallido levantamiento militar, circularon rumores de que había una negociación entre el gobierno de EEUU y personeros del régimen (acerca de la cual el pueblo presume que Guaidó estaba enterado) en la que se pretendía canjear la salida de Nicolás Maduro por un esquema de gobierno que dejaba intacto al régimen. Como si lo que se pretendiese fuera negociar un especie de autogolpe que , lejos de facilitar, dificultaría aún más la transición a la democracia. Cuestión que, hasta ahora, no ha sido desmentida por Guaidó ni por la AN.
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• El inicio de conversaciones/negociaciones (inútiles) en mayo entre dirigentes opositores nominados por Guaidó y miembros del Gobierno de Maduro en Oslo auspiciadas por el gobierno de Noruega (gobierno que no ha reconocido a Guaidó como presidente constitucional) , también molestó a mucha gente opositora ( incluido el pueblo). Dicha molestia se exacerbó notable e innecesariamente en virtud de la insuficiente información previa proporcionada por la presidencia encargada - incluidos al representante de Guaidó en el Grupo de Lima y a la comunidad internacional que apoya a la presidencia encargada, quienes aparentemente se enteraron por la prensa - . No se difundió a tiempo que se trataba de una respuesta a una invitación del Gobierno de Noruega, con lo cual inicialmente no se sabía si esto correspondía a una iniciativa de Guaidó , del gobierno de Maduro o del gobierno de Noruega. Tampoco se explicó claramente cuál era el objetivo de tal negociación, ni si en ésta era o no negociable la triada de Guaidó (cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres). Esto último resultaba sumamente importante informar oportuna y públicamente. Otro error no forzado de Juan Guaidó.

Dicho sea de paso, en esto de la triada ha existido siempre un problema de falta de claridad y/o información incompleta hacia la población, en relación a lo que se entiende por “cese de usurpación”. Guaidó y la AN no han sido suficientemente explícitos para explicar que no se trata de remover a Nicolás Maduro y reemplazarlo por otra persona vinculada al régimen. Que se refiere a extinguir el régimen, sustituir la conformación del poder ejecutivo por otro distinto que Guaidó pueda encabezar y asumir con plenos poderes constitucionales, en su calidad de presidente interino. No se requiere mucha pedagogía política para explicarle esto al pueblo. No hacerlo contribuye a levantar suspicacias, particularmente debido a la nebulosa sembrada en torno al fallido intento de sublevación militar del 30 de abril.

En tales falencias comunicacionales no es excusa el control de los medios de comunicación por parte del régimen, pues tampoco se informaron oportunamente y explicaron tales cuestiones a través de las redes sociales, ni a través de los discursos de Guaidó en las movilizaciones callejeras, ni por medio de comunicados de la presidencia de la AN. Especialmente en coyunturas como las actuales, la mera percepción de opacidad – sea o no justificada – puede resultar fatal para la cohesión de la oposición, que tanto ha costado construir. Las confianzas cuestan mucho construirlas, pero cuestan mucho más reconstruirlas.

• Por último – pero no por ello menos determinante- también hay un importante componente de expectativas frustradas producto de los tiempos esperados por buena parte de la población respecto del “fin de la usurpación”. Es un hecho que parte importante del pueblo venezolano tenía expectativas – justificadas o no – de un cambio estructural de régimen político que tendría lugar a comienzos de mayo, o bien inmediatamente después en cuestión de pocas semanas más.

Todos estos factores explican, a mi modo de ver, esta estampida de migración ocurrida en mayo.

Cada día que pasa se cuenta en muertes evitables. Y en familias separadas por la migración forzada. El pueblo lo sabe y lo vive a diario. El pueblo entiende que Venezuela no puede sola. Más de un 85% de la población, según últimas encuestas, clama por una urgente ayuda militar extranjera que le permita salir pronto de esta pesadilla. En las últimas movilizaciones Guaidó ha enfrentado proclamas en ése sentido por parte del pueblo asistente a las marchas. Por más que Guaidó le recuerde a la gente los indiscutibles progresos obtenidos por la oposición en los últimos cinco meses, y por más que enfatice la debilidad del régimen y el desgobierno de Maduro (cuestión archi sabida por el pueblo), ése discurso ya no es suficiente. La gente ya no quiere esperar más. Clama porque ingrese ya toda la ayuda humanitaria acopiada en las fronteras, porque se abra un canal internacional humanitario de una vez por todas, y que se solicite apoyo militar extranjero para salir del régimen de Maduro y acabar con este calvario que ya se les hace insoportable. Ese es el clamor popular.

  

Si bien es cierto que la materialización de dicho apoyo militar extranjero no depende de Guaidó, también es cierto que el pueblo no percibe que Guaidó asuma un rol proactivo en promoverlo. Por el contrario, su (desafortunada) frase de que “todas las opciones están sobre la mesa” mandan un mensaje ambiguo que se percibe como dilatorio, pues no se concentra en el único instrumento que va quedando para extinguir el régimen, y al que la inmensa mayoría del pueblo adhiere. Ello se exacerba por las dilaciones de la AN en aprobar el reingreso de Venezuela al TIAR, dilaciones que me temo que el grueso del pueblo no entiende. Es más, estimo que se percibe una creciente falta de sintonía entre el pueblo y Guaidó producto de que éste no da señales claras acerca de la urgencia de reforzar el aspecto militar en la estrategia política para el "cese de la usurpación" (por ejemplo, aún no nombra un Ministro de Defensa de su confianza, entre los militares en el exilio). Dicha percepción popular acerca de Guaidó es problemática, toda vez que puede traducirse crecientemente en un desánimo que afectará el éxito de la denominada Operación Libertad ; en particular, la adhesión a movilizaciones callejeras. Estas deben vincularse más estrechamente a un mensaje que dé señales inequívocas al pueblo de que el fin de la usurpación pasa necesariamente por inducir, mediante una amenaza militar externa creíble, el indispensable quiebre de la FANB.

Quizás una forma de reivindicarse ante tal escenario adverso, restaurar las confianzas y el evidente apoyo popular perdido en el último mes, es que Guaidó logre activar pronto el Art. 187-11 constitucional. Utilice aquello como una señal inequívoca hacia la comunidad internacional , hacia la FANB y hacia el pueblo de que la colaboración militar extranjera es la única opción que queda y por la cual se va a jugar por entero. Y que se las ingenie hábilmente para que ello sea percibido por el pueblo más como un mecanismo de presión que como la antesala de un inminente apoyo militar extranjero.

Consideraciones finales.

En base a los antecedentes anteriormente expuestos en el presente documento, ¿qué se puede esperar para los próximos meses mientras no se implemente una salida militar asistida, como – por ejemplo - el mecanismo de presión y amenaza militar externa solidaria y creíble aquí sugerido? Hay diferentes escenarios posibles, varios de los cuales podrían superponerse en el tiempo.

1) Que la implosión del régimen de Nicolás Maduro y el creciente aislamiento y desgobierno de éste se traduzca en un autogolpe que permita consolidar el narco régimen (o ganar bastante tiempo), apartando a Nicolás Maduro del poder y sustituyéndolo por otro civil (¿Diosdado Cabello?) o militar (¿Vladimir Padrino? ) del régimen, o bien por una junta cívico-militar de gobierno colegiado. Todo ello avalado por la AC y el TSJ del régimen. Este escenario sería fatal para las pretensiones de un gobierno de transición encabezado por Guaidó, al menos en el corto plazo.

2) Que la estampida de migración ocurrida en mayo vuelva a ocurrir en junio y en los meses siguientes, quizás en cantidades aún mayores.

3) Que las movilizaciones callejeras decaigan significativamente en cuanto a frecuencia y masividad, en forma sistemática a través del tiempo.

4) Que la persistencia de las gravísimas consecuencias derivadas del sistemático y progresivo empeoramiento de las catástrofes económica, social y humanitaria generen una explosión social anárquica , incontrolable por Guaidó.

Estimo que la probabilidad de ocurrencia de este último escenario es muy significativa y crecerá exponencialmente a través del tiempo mientras no se logre extinguir el régimen de Nicolás Maduro.

Los tiempos del que necesita de la solidaridad internacional son siempre más urgentes y desafortunadamente siempre menores a los tiempos de los que deciden proporcionarla. El paso del tiempo corre a favor del régimen y en contra del pueblo de Venezuela, cuya desesperación y pauperización crecen día a día conjuntamente con el colapso de su economía, lo cual dificultará crecientemente el ejercicio del gobierno de transición a la democracia.

Autor: Hugo Mena Keymer

PhD en Economía

Rector de una universidad privada ecuatoriana