El tercero de la trilogía universitaria: Los Destructores y la Universidad

No Dejar Morir a la Academia

Asdrúbal Romero M. (@asdromero)

I-La decantación a dos alternativas

El objetivo de esta tercera entrega es más concreto. El problema de cómo la inviabilidad financiera de las instituciones está socavando, severamente, la posibilidad  de realización de las actividades académicas conforme a estándares mínimos de calidad ya fue planteado en la primera entrega. En la segunda, presentamos el contexto estratégico dentro del cual estamos constreñidos, a los efectos de explorar alternativas tendientes a conseguir recursos financieros adicionales que, inyectados a las unidades organizacionales donde se gestiona la Academia, las facultades, contribuyan a paliar al máximo de lo que pueda ser factible el gravísimo problema que tenemos entre manos.  El objetivo fundamental, tal cual como lo enunciamos, es no dejar morir a la Academia en el altar de una inviabilidad, cuya resolución puede tomar un período de tiempo mucho mayor al que avezados analistas se atreverían a pronosticar.

Postulamos tres alternativas para la consecución de ese financiamiento adicional –sigue sin ocurrírseme alguna otra-. De ellas, la primera: incremento en la generación de ingresos propios mediante la prestación de servicios a terceros,  la descartamos por su insuficiente potencial en la actualidad habida cuenta del pavoroso escenario por el que transita la economía del país. Sobre las otras dos alternativas: recursos provenientes de ahorros que se obtengan del cierre o suspensión temporal de actividades no directamente relacionadas con la función primordial de la Universidad o cofinanciamiento mediante aportaciones estudiantiles, a duras penas alcanzó en la segunda entrega para enunciarlas.  El sólo hacerlo ya induce temor, es como mentar la soga en la casa del ahorcado.

Sin embargo, creo que en las actuales circunstancias ningún tema puede ser prohibido cuando lo que está en riesgo es la esencia misma de lo que es la misión de la Universidad. La finalidad de esta tercera entrega es presentar algunas consideraciones y comentarios sobre la viabilidad de ambas alternativas. Un terreno espinoso que apenas se comienza a explorar. Una primera aproximación que podría ser útil a instancias de cogobiern0, que decidiesen abordar estas complejas temáticas con la exhaustividad requerida para tomar decisiones. 

 

II-Sobre la alternativa del Redimensionamiento Organizacional

A lo largo de su historia, la universidad venezolana se ha resistido a arroparse hasta donde le llegue la cobija. Lo tradicional ha sido el dejarse seducir por la ambición de ampliar su estructura organizacional. No sólo para diversificar su oferta académica, crear nuevos núcleos –en algunos casos bastante distantes, geográficamente, de su centro de poder-, sino también para asumir funciones que no están “tan” directamente vinculadas al triángulo docencia-investigación-extensión, constitutivo del núcleo de la misión para la cual fueron creadas (no me refiero a las funciones de carácter social que realiza en beneficio de la comunidad estudiantil –transporte, comedor, atención en materia de salud, etc.- las cuales, se sobreentiende, lleva a cabo por delegación del Estado, a quien corresponde asumirlas, y por las que debiera recibir en suficiente cuantía recursos financieros, específicamente, orientados a ese tipo de actividades). Por supuesto que el tema es harto discutible, de allí el “tan” entrecomillado. Siempre se podrá aludir a alguna especie de cordón umbilical que relacione la función bajo escrutinio con la Academia, sobre todo con la extensión. Casi todo es extensión, por lo que no debe extrañar que los mayores excesos se hayan cometido relacionados a esta arista del triángulo. Puede ser muy bueno, por ejemplo, que la Universidad preste servicios odontológicos en un área de extrema vulnerabilidad social, pero si se plantea que la Institución para acometer dicha labor de extensión debe asumir de forma exclusiva los altos costos involucrados –sin ayuda del gobierno local o alguna ONG- el compromiso tendría que ponerse  a la luz del tamaño de la cobija. Pero, en la mayoría de los casos no ha sido así.

Cuando era Rector, solía decir que la Universidad se comportaba como el gas. Cada vez que una nueva sede era inaugurada para mudar allí alguna dependencia, podía asegurar que ante el despacho ya se habrían tramitado unas cuantas solicitudes para crear nuevas unidades organizacionales ocupando la vieja sede, así estuviese ella bastante destartalada. Después vendrían las solicitudes de remodelación y de nuevo personal. La Universidad, como el gas, ocupaba todos los espacios. Los nuevos y los viejos. Muchas veces, las solicitudes estaban sustentadas en buenos propósitos, excelentes ideas, pero nadie se preocupaba por la sostenibilidad financiera del proyecto.  Esta ambición de crecer fue parte de nuestro ADN organizacional. Y así llegamos con instituciones sobre dimensionadas a estos tiempos, que más que de vacas flacas son de ruinosa inviabilidad, difícilmente irreversible en el mediano plazo además.

La inviabilidad afecta a la Academia, ya lo hemos repetido incesantemente, pero también mantiene prácticamente inoperativas a muchas dependencias por muy diversas razones –carecen de recursos con que operar, intolerables condiciones de trabajo, etc.-. La inviabilidad no discrimina. Su aliento paralizante entumece por igual a dependencias fundamentales con un largo historial, así como a dependencias cuya creación en un pasado más reciente dio concreción a bien intencionados objetivos. Algunas, las derivadas de visiones más ambiciosas son doblemente castigadas, no sólo tienden a paralizarse sino que develan en palpable desnudez la carencia de sustentabilidad financiera de los proyectos que les dieron vida. Si la universidad contratase a un asesor externo que visualizara el problema, asépticamente, y sin consideración de la asfixiante relación con el régimen destructor, recomendaría de inmediato dos cosas: detener el crecimiento y la implantación de una auditoría de pertinencia y viabilidad de todas las unidades organizacionales, en aras de generar una propuesta conducente a redimensionar la Institución. ¡Empequeñecerla!

De estas dos recomendaciones, debería asumirse, de inmediato, la detención del crecimiento. La Universidad debe prepararse para lo que viene. Pienso que también debería iniciarse la mencionada auditoría. A fondo, lo cual tomará tiempo. Hay que ir avanzando en ella, sin que ello deba implicar una reducción de la estructura organizacional a la vuelta de la esquina. La concreción de la alternativa de redimensionamiento es demasiado traumática en el contexto actual, considerando la crisis humanitaria que aqueja al país. Además, si el objetivo que se persigue es reducir gastos a fin de poder reinyectar recursos adicionales para mejorar la funcionalidad de las áreas académicas, es menester tomar en cuenta al otro actor, el Régimen Destructor, en el tablero de decisiones al cual hacíamos referencia en la segunda entrega.

¿Por qué? El Régimen ha venido introduciendo cambios en el mecanismo de asignación presupuestaria a las Universidades. Lo ha ido refinando de conformidad a sus objetivos. En la actualidad, los recursos correspondientes a gastos de personal son enviados a las instituciones en función de la nómina de personal ubicado en la respectiva estructura de cargos, la cual debe serle remitida al Ministerio como requisito previo.  En la Cuarta República, a las instituciones se les controlaba el crecimiento de las nóminas –el número de docentes, empleados y obreros incorporados a ellas-. Es mi percepción que este régimen ha permitido el relajamiento de este mecanismo de control –lo cual tiene un sentido que explicaremos más adelante-. Sólo así se explica que algunas instituciones hayan podido incrementar el número de personas adscritas a ellas de la forma tan sorprendente como lo han hecho –no puedo afirmar con propiedad que han sido todas porque no hay estadísticas disponibles-. El ahogo presupuestario que este régimen ha practicado en contra de las universidades ha sido, enfáticamente, dirigido a las partidas de inversión y gastos de funcionamiento. No así en lo atinente a los rubros de personal, con relación a los cuales pareciera que el esquema más bien ha sido: la Institución incorpora personal a su nómina y el Gobierno paga.

El empobrecimiento salarial del personal universitario tiene que ver más con el control centralizado que tiene el Régimen de la normativa laboral, que le ha permitido aplicar de manera reiterada en el tiempo incrementos insuficientes con respecto a la inflación. Se encuadra dentro del empobrecimiento general de los sueldos y salarios en el país, pero no se debe confundir con cerco presupuestario a las universidades.  Este régimen estrangula los gastos operativos pero afloja en los de personal. Se pueden mencionar casos en los cuales ha incentivado la transferencia de unos a otros. Por ejemplo, en su intención de reducir al máximo las partidas orientadas a cubrir gastos de funcionamiento ha hecho casi imposible el que se puedan contratar empresas de prestación de servicios de limpieza y vigilancia. Estas contrataciones han tenido que reducirse al mínimo o eliminarse, al mismo tiempo a las instituciones se les ha permitido incorporar trabajadores para que realicen ese tipo de funciones. Valorando este cambio de política con generosidad, podría deberse a un cambio de paradigma laboral que apunte a eliminar lo que suele denominarse como “outsourcing”. ¿Bueno o malo para la Universidad? Según mis experiencias, muy malo, ineficiente e improductivo. Pero narrarlas está fuera del alcance de este texto.

Yo tengo otra teoría. Este régimen no da puntada sin dedal.  Lo que los “Destructores” han acariciado como objetivo es lograr que el mayor número de personas posible dentro del país dependa de él. ¿A cuántos millones de venezolanos no los tienen ya dependiendo de los famosos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs)? ¿Y a cuantos otros no nos tienen dependiendo desesperadamente de unos sueldos míseros quince y último? De allí: el miedo generalizado. Por eso, la nómina de la Administración Pública se ha inflado de manera tan absurda. Mi hipótesis es que a las universidades las han hecho parte de ese diabólico esquema.  A todo el aparato público lo han venido engordando como si fuera uno de esos cochinos que, de tanto engordarlos para sacarles el mayor de los provechos en su sacrificio, llega un momento en que ya no pueden caminar. Así le ocurre en este país a los tribunales, hospitales, empresas autónomas,…, universidades. Grandes estructuras consumidoras de nómina que han venido progresivamente pudiendo hacer mucho menos de lo que deben hacer, hasta verse entrampadas en el marasmo de su inviabilidad operativa.

Expuesto el diabólico esquema, en un largo inciso, ahora podemos conectar con nuestro tema: ¿Pudiera una alternativa de redimensionamiento organizacional generar ahorros para utilizarlos en beneficio de la Academia? En principio no. Bajo el esquema del Régimen Destructor, gastos de personal que se ahorren, se lo quedan ellos. A menos que se intente negociarlo y admitan la reorientación de recursos. Debería planteárseles. ¿Podría deparar tal negociación una respuesta positiva? La respuesta se la dejo a mis lectores. Entretanto, las instituciones deberían acometer un esfuerzo supremo de reducción de gastos operacionales a nivel de la administración central, a objeto de insuflarle el mayor oxígeno posible a la actividad académica que se realiza en las facultades.

Antes de pasar a la alternativa que nos queda, no he podido sustraerme a la tentación de enunciar otra propuesta que se le podría plantear al Gobierno. Dada la crónica insuficiencia de los recursos que se están recibiendo para mal cumplir esas, ya mencionadas, funciones de carácter social que la Universidad realiza por delegación del Estado,  lo cual nos genera un gran problema y masivo descontento estudiantil: ¿No se podría proponerles que se les devuelve esa responsabilidad? En todos los países que funcionan, la responsabilidad, por ejemplo, de transportar los estudiantes hacia sus sedes universitarias es de los entes de transporte público, usualmente gestionados por los gobiernos locales –quizás con subsidios del gobierno nacional para cofinanciar los significativos descuentos de los bonos de transporte para los jóvenes-. ¿Hasta cuándo puede la Universidad gestionar servicios para los que no recibe suficientes recursos y que, en verdad, no le competen a ella sino al Estado? Tampoco es que esta iniciativa vaya a generar unos ahorros reinyectables a la Academia, pero al menos coloca la responsabilidad a cargo de quien por ley debe gestionarla y simplifica los objetivos organizacionales de la Universidad. Zapatero a sus zapatos, la Universidad enfocada en la Academia, ¡cómo debe ser!

III- ¿Pueden los estudiantes ser parte de la solución? ¿Deben?

Hemos dejado para el tramo final el análisis de la alternativa más anti paradigmática, por cuanto implica una ruptura, aunque sea parcial, con el paradigma de la gratuidad que, a lo largo de toda la historia del subsistema universitario de financiamiento público, se ha mantenido como un calificativo inseparable del concepto de universidad popular. ¿Están los estudiantes en esta Venezuela empobrecida de la segunda década del Siglo XXI en posibilidad de contribuir, financieramente, para que la actividad académica se pueda realizar en condiciones más idóneas? ¿Deben hacerlo?

Nótese que se plantean dos interrogantes. Con relación a la primera, tiene sentido hoy día preguntarse si la posibilidad de contribuir con miras a lograr un impacto lo suficientemente significativo sobre la calidad académica todavía existe –obviamente suponemos que anteriormente existió aunque no fuera utilizada-. Como lo hemos dicho tantas veces: Venezuela viaja en un ascensor empobrecedor hacia abajo, cada vez más distante del piso y a mayor velocidad. Lo que anteriormente era una familia perteneciente a lo que, comúnmente, se denominaba clase popular, en la actualidad estará sumida en condiciones de pobreza extrema con muy contadas excepciones. Mi hipótesis es que los estudiantes provenientes de esos otroras estratos populares, muy difícilmente habrán podido mantenerse en las aulas universitarias. Puede ser que todavía estén inscritos, pero de allí a que puedan ejercer sus funciones como estudiantes activos se ha constituido en una brecha insuperable que se amplía día a día. Simplemente, los costos conexos a la condición de ser estudiante universitario, aun siendo gratuitos estos estudios, se les han tornado impagables.

El consecuente fenómeno es una visible merma en las aulas. Una merma de la que se debería hablar más en las altas esferas universitarias. Una merma que representa miles de oportunidades perdidas que no se computan. La Universidad ha dejado de ser esa maravillosa máquina de la movilidad social. Ha perdido ese perfil popular que tanto nos enorgullecía, aunque, en cierta forma, siga reteniéndolo si computamos a los estudiantes provenientes de las familias de la otrora clase media, hoy empobrecida, como los nuevos representantes de las clases populares. Son los efectos del ascensor que no se detiene.

Es una hipótesis. Revestida de cierta lógica, pero al fin y al cabo una hipótesis, cuyo único efecto práctico es la invitación que de ella se deriva para que las instituciones asuman, de inmediato, una seria investigación sobre el perfil socio económico de su estudiantado. Del que está acudiendo a las aulas, porque es menester sincerar también, de una vez por todas, la nómina estudiantil. La Universidad debe investigarse a sí misma. Producir sus propias estadísticas a fin de obtener una nítida radiografía de su estado actual. No puede estar ausente del conjunto de objetivos específicos de ese estudio de sí misma, la indagación sobre las posibilidades de la población estudiantil como sector contributivo a la sobrevivencia de la Academia en las actuales circunstancias. No puedo decir, escribiendo entre cuatro paredes, que en el sector estudiantil resida una solución. Hay que indagar al respecto partiendo de datos reales. Insisto en esta idea: lo que no se puede hacer ante la grave problemática que nos afecta es no hacer nada. Hay que mover las piezas.

Si yo extendiera mi hipótesis un poco más allá: me atrevería a decir que la mayoría de los estudiantes que permanecen en las aulas universitarias provienen de la educación secundaria privada. Pero este hipotético escenario, considerando el contexto de severo empobrecimiento de todos los estratos sociales exceptuando a los de mayor ingreso, no aporta el suficiente sustento como para afirmar que en ese sector de la población estudiantil estén dadas las condiciones de potencial económico utilizable de cara al objetivo que hemos planteado. Se requiere de una observación más profunda, porque hoy día en ese sector confluyen realidades socio económicas bien disímiles. Bien bueno para algunos padres que sus hijos ya accedieron a una educación universitaria gratuita y, por ende, no tienen que pagar una educación privada que ya no estarían en condiciones de poder pagar. Pero esa no es la realidad de todos los padres. También los hay quienes invirtieron en una educación secundaria de calidad para sus hijos pagando costosas matrículas en prestigiosos colegios privados, que siguen teniendo margen económico como para continuar invirtiendo en una educación universitaria de calidad y que, sencillamente, envían a sus hijos a la universidad nacional gratuita porque siguen percibiendo en ella el mejor reducto de calidad académica donde sus descendientes se pueden formar. Cuántos de ellos no se sienten orgullosos en que sus hijos puedan acceder a una UCV, a una ULA, a una UC, etc.

Es pertinente y necesario traer a colación un tema que para muchos pasa inadvertido. La segmentación de calidad que existe a nivel de la educación secundaria –la existencia de un profundo desnivel entre la calidad de la educación secundaria pública y la de algunas instituciones privadas-, no ha tenido un espejo a nivel de la educación universitaria. Todavía es percibido por muchos padres y jóvenes aspirantes a ingresar al subsistema de educación superior que la educación universitaria de mayor calidad es provista en algunas de las universidades nacionales –las que denomino las universidades de verdad-.  Esos padres quizás no tengan conciencia que ese último reducto de calidad académica para sus hijos está muriendo. ¿No estarían dispuestos ellos a contribuir con un aporte para tratar de garantizar que sus hijos puedan continuar recibiendo formación en laboratorios mejor equipados, aulas bien iluminadas y mejor protegidas,…? Y no me atrevo a decir con profesores mejor pagados, porque este ya es un tema que ubico en el escenario de “construcción” –ver segunda entrega-. Hacia lo que apunta esta reflexión, es a la necesidad de involucrar a los padres en el diseño de la necesaria acometida estratégica que la Universidad debe emprender en su objetivo de salvamento de la Academia. Esto implica también un cambio radical, anti paradigmático, en el discurso de la Universidad. Un discurso dirigido también hacia los padres.

La principal conclusión que se puede extraer de esta especie de tormenta de ideas, es la necesidad de  levantar la información pertinente de cara a escudriñar la posibilidad que se propone en esta alternativa. Sólo del análisis de la data real, se podrá valorar su factibilidad. Y de ser factible, el estudio y selección de la modalidad que puede ser aplicada. Una cosa si es cierta, el aprobar una normativa al respecto por las máximas instancias universitarias le aportaría orden a un proceso que ya comienza a aflorar de manera muy desordenada en algunas instituciones –dependencias académicas como cátedras y departamentos asumiendo de manera autónoma y discrecional solicitudes de contribución a sus estudiantes para poder funcionar-.

Con relación a la segunda interrogante: ¿Deben los estudiantes y/o sus padres hacerse parte de un esquema de contribución financiera hacia las universidades? Una pregunta que, seguramente, concitará un interminable debate en el seno de las comunidades universitarias. Un debate que se distancia del espacio de las ideas pragmáticas en el que me he movido, para elevarse a uno más abstracto en el que se confronten argumentos axiológicos. El SÍ a esta pregunta para muchos será asimilable a RENDICIÓN: la cesión de un derecho largamente adquirido. Ya me parece escucharlos, van a ser los mismos que todavía dicen en sus discursos “Con la Universidad no podrán” –se refieren a “LOS DESTRUCTORES”-. Cada vez que oigo esta expresión repleta de un bien intencionado voluntarismo, me embarga la convicción de que existe un error en el tiempo verbal de esa oración. Se refieren a un futuro imaginario por ser deseable, al que yo antepongo un antepresente “Con la Universidad han podido” o, quizás con mayor precisión, un gerundio progresivo “Han venido pudiendo”. Han venido haciendo con nosotros los que le ha dado su real gana. Por no habernos sabido defender –afirmación que asumo en términos de nuestra responsabilidad colectiva-, nos han arrinconado hacia una esquina donde lo más triste, para algunos, es ver morir a la Academia.

Soy plenamente consciente de la dureza de mis afirmaciones pero así lo siento. Y por ello, eludo participar en un debate a desarrollarse en un espacio que ha sido vaciado por “LOS DESTRUCTORES”. ¿Cuál es el derecho al que se renuncia? ¿Al de una farsa académica con gratuidad? Porque a eso vamos tendiendo: a farsa académica. Si las universidades continúan, inalterablemente, su recorrido por la trayectoria en la que transitan, se hundirán en la mediocridad. Ningún gobierno que venga después de los bárbaros destructores, de estos “Atilas” del siglo XXI, sea de transición o puramente integrado por la actual oposición, contará con recursos para imprimirle viabilidad a un modelo que se agotó. Por esta razón, prefiero poner a pensar, reflexivamente, a los estudiantes y sus padres sobre las opciones que se le presentan.

Siguiendo el curso actual: jóvenes universitarios malgastando su tiempo con una  pésima formación en procura de un título de mermada utilidad. O, alternativamente, involucrados en una estrategia colectiva de RESISTENCIA ACADÉMICA, tratando entre todos -es decir: siendo ellos con sus padres también partícipes de un mecanismo compensatorio de la innegable inviabilidad en la que nos vemos inmersos-, de preservar las condiciones en las que se realiza la Academia. Esta no es la solución total a la problemática sistémica que afrontan las universidades, pero puede ayudar a desacelerar la velocidad de decaimiento. Luchemos para que vengan tiempos mejores, en ellos tendrán que generarse soluciones más integrales.

Para concluir, deseo pronunciarme sobre un aspecto concreto en la implantación de esta alternativa, aunque hasta ahora la haya abordado con unas ideas de carácter muy general. Siendo los estudiantes (y sus padres) partícipes de la solución, las instituciones deben garantizarles que los recursos que se obtengan por esta vía sean, exclusivamente, orientados a mejorar las condiciones en las facultades a través de programas específicos. Propongo la integración de consejos de administración por facultad de estos recursos, en los que participen representantes estudiantiles –seleccionados, por favor, entre los de mejor record académico- y representantes de los padres. Insisto en  esta idea novedosa de hacer parte del problema, y también de la solución, a los padres y representantes de los estudiantes. Una audaz estrategia comunicacional dirigida hacia ellos podría convertirse en el gran factor revulsivo de una acometida estratégica tan revolucionaria como la que he osado asomar. Lo de revolucionaria me generó cierto rechazo pero es lo que es: revolucionaria, anti paradigmática, innovadora para estos lares, pero indispensablemente necesaria, así lo veo yo.