No Dejar Morir a la Academia
Asdrúbal Romero M. (@asdromero)
I-La decantación a dos alternativas
El objetivo de
esta tercera entrega es más concreto. El problema de cómo la inviabilidad
financiera de las instituciones está socavando, severamente, la posibilidad de realización de las actividades académicas
conforme a estándares mínimos de calidad ya fue planteado en la primera
entrega. En la segunda, presentamos el contexto estratégico dentro del cual
estamos constreñidos, a los efectos de explorar alternativas tendientes a
conseguir recursos financieros adicionales que, inyectados a las unidades
organizacionales donde se gestiona la Academia, las facultades, contribuyan a
paliar al máximo de lo que pueda ser factible el gravísimo problema que tenemos
entre manos. El objetivo fundamental,
tal cual como lo enunciamos, es no dejar morir a la Academia en el altar de una
inviabilidad, cuya resolución puede tomar un período de tiempo mucho mayor al
que avezados analistas se atreverían a pronosticar.
Postulamos tres
alternativas para la consecución de ese financiamiento adicional –sigue sin
ocurrírseme alguna otra-. De ellas, la primera: incremento en la generación de
ingresos propios mediante la prestación de servicios a terceros, la descartamos por su insuficiente potencial
en la actualidad habida cuenta del pavoroso escenario por el que transita la
economía del país. Sobre las otras dos alternativas: recursos provenientes de ahorros que se obtengan del cierre o suspensión temporal de
actividades no directamente relacionadas con la función primordial de la
Universidad o cofinanciamiento mediante aportaciones estudiantiles, a duras
penas alcanzó en la segunda entrega para enunciarlas. El sólo hacerlo ya
induce temor, es como mentar la soga en la casa del ahorcado.
Sin embargo, creo
que en las actuales circunstancias ningún tema puede ser prohibido cuando lo
que está en riesgo es la esencia misma de lo que es la misión de la Universidad.
La finalidad de esta tercera entrega es presentar algunas consideraciones y
comentarios sobre la viabilidad de ambas alternativas. Un terreno espinoso que
apenas se comienza a explorar. Una primera aproximación que podría ser útil a
instancias de cogobiern0, que decidiesen
abordar estas complejas temáticas con la exhaustividad requerida para tomar decisiones.
II-Sobre la alternativa del Redimensionamiento Organizacional
A lo largo de su
historia, la universidad venezolana se ha resistido a arroparse hasta donde le
llegue la cobija. Lo tradicional ha sido el dejarse seducir por la ambición de
ampliar su estructura organizacional. No sólo para diversificar su oferta
académica, crear nuevos núcleos –en algunos casos bastante distantes,
geográficamente, de su centro de poder-, sino también para asumir funciones que
no están “tan” directamente vinculadas al triángulo
docencia-investigación-extensión, constitutivo del núcleo de la misión para la
cual fueron creadas (no me refiero a las funciones de carácter social que
realiza en beneficio de la comunidad estudiantil –transporte, comedor, atención
en materia de salud, etc.- las cuales, se sobreentiende, lleva a cabo por
delegación del Estado, a quien corresponde asumirlas, y por las que debiera
recibir en suficiente cuantía recursos financieros, específicamente, orientados
a ese tipo de actividades). Por supuesto que el tema es harto discutible, de
allí el “tan” entrecomillado. Siempre se podrá aludir a alguna especie de
cordón umbilical que relacione la función bajo escrutinio con la Academia, sobre
todo con la extensión. Casi todo es extensión, por lo que no debe extrañar que los
mayores excesos se hayan cometido relacionados a esta arista del triángulo.
Puede ser muy bueno, por ejemplo, que la Universidad preste servicios
odontológicos en un área de extrema vulnerabilidad social, pero si se plantea
que la Institución para acometer dicha labor de extensión debe asumir de forma
exclusiva los altos costos involucrados –sin ayuda del gobierno local o alguna
ONG- el compromiso tendría que ponerse a
la luz del tamaño de la cobija. Pero, en la mayoría de los casos no ha sido
así.
Cuando era
Rector, solía decir que la Universidad se comportaba como el gas. Cada vez que
una nueva sede era inaugurada para mudar allí alguna dependencia, podía
asegurar que ante el despacho ya se habrían tramitado unas cuantas solicitudes
para crear nuevas unidades organizacionales ocupando la vieja sede, así
estuviese ella bastante destartalada. Después vendrían las solicitudes de
remodelación y de nuevo personal. La Universidad, como el gas, ocupaba todos
los espacios. Los nuevos y los viejos. Muchas veces, las solicitudes estaban
sustentadas en buenos propósitos, excelentes ideas, pero nadie se preocupaba
por la sostenibilidad financiera del proyecto. Esta ambición de crecer fue parte de nuestro
ADN organizacional. Y así llegamos con instituciones sobre dimensionadas a
estos tiempos, que más que de vacas flacas son de ruinosa inviabilidad,
difícilmente irreversible en el mediano plazo además.
La inviabilidad
afecta a la Academia, ya lo hemos repetido incesantemente, pero también
mantiene prácticamente inoperativas a muchas dependencias por muy diversas
razones –carecen de recursos con que operar, intolerables condiciones de
trabajo, etc.-. La inviabilidad no discrimina. Su aliento paralizante entumece
por igual a dependencias fundamentales con un largo historial, así como a
dependencias cuya creación en un pasado más reciente dio concreción a bien
intencionados objetivos. Algunas, las derivadas de visiones más ambiciosas son
doblemente castigadas, no sólo tienden a paralizarse sino que develan en
palpable desnudez la carencia de sustentabilidad financiera de los proyectos
que les dieron vida. Si la universidad contratase a un asesor externo que
visualizara el problema, asépticamente, y sin consideración de la asfixiante
relación con el régimen destructor, recomendaría de inmediato dos cosas:
detener el crecimiento y la implantación de una auditoría de pertinencia y
viabilidad de todas las unidades organizacionales, en aras de generar una
propuesta conducente a redimensionar la Institución. ¡Empequeñecerla!
De estas dos
recomendaciones, debería asumirse, de inmediato, la detención del crecimiento.
La Universidad debe prepararse para lo que viene. Pienso que también debería
iniciarse la mencionada auditoría. A fondo, lo cual tomará tiempo. Hay que ir
avanzando en ella, sin que ello deba implicar una reducción de la estructura
organizacional a la vuelta de la esquina. La concreción de la alternativa de
redimensionamiento es demasiado traumática en el contexto actual, considerando
la crisis humanitaria que aqueja al país. Además, si el objetivo que se
persigue es reducir gastos a fin de poder reinyectar recursos adicionales para
mejorar la funcionalidad de las áreas académicas, es menester tomar en cuenta
al otro actor, el Régimen Destructor, en el tablero de decisiones al cual
hacíamos referencia en la segunda entrega.
¿Por qué? El
Régimen ha venido introduciendo cambios en el mecanismo de asignación
presupuestaria a las Universidades. Lo ha ido refinando de conformidad a sus
objetivos. En la actualidad, los recursos correspondientes a gastos de personal
son enviados a las instituciones en función de la nómina de personal ubicado en
la respectiva estructura de cargos, la cual debe serle remitida al Ministerio
como requisito previo. En la Cuarta
República, a las instituciones se les controlaba el crecimiento de las nóminas
–el número de docentes, empleados y obreros incorporados a ellas-. Es mi
percepción que este régimen ha permitido el relajamiento de este mecanismo de
control –lo cual tiene un sentido que explicaremos más adelante-. Sólo así se
explica que algunas instituciones hayan podido incrementar el número de
personas adscritas a ellas de la forma tan sorprendente como lo han hecho –no
puedo afirmar con propiedad que han sido todas porque no hay estadísticas
disponibles-. El ahogo presupuestario que este régimen ha practicado en contra
de las universidades ha sido, enfáticamente, dirigido a las partidas de
inversión y gastos de funcionamiento. No así en lo atinente a los rubros de
personal, con relación a los cuales pareciera que el esquema más bien ha sido:
la Institución incorpora personal a su nómina y el Gobierno paga.
El
empobrecimiento salarial del personal universitario tiene que ver más con el
control centralizado que tiene el Régimen de la normativa laboral, que le ha
permitido aplicar de manera reiterada en el tiempo incrementos insuficientes
con respecto a la inflación. Se encuadra dentro del empobrecimiento general de
los sueldos y salarios en el país, pero no se debe confundir con cerco
presupuestario a las universidades. Este
régimen estrangula los gastos operativos pero afloja en los de personal. Se
pueden mencionar casos en los cuales ha incentivado la transferencia de unos a
otros. Por ejemplo, en su intención de reducir al máximo las partidas
orientadas a cubrir gastos de funcionamiento ha hecho casi imposible el que se
puedan contratar empresas de prestación de servicios de limpieza y vigilancia.
Estas contrataciones han tenido que reducirse al mínimo o eliminarse, al mismo
tiempo a las instituciones se les ha permitido incorporar trabajadores para que
realicen ese tipo de funciones. Valorando este cambio de política con
generosidad, podría deberse a un cambio de paradigma laboral que apunte a
eliminar lo que suele denominarse como “outsourcing”.
¿Bueno o malo para la Universidad? Según mis experiencias, muy malo,
ineficiente e improductivo. Pero narrarlas está fuera del alcance de este
texto.
Yo tengo otra
teoría. Este régimen no da puntada sin dedal.
Lo que los “Destructores” han acariciado como objetivo es lograr que el
mayor número de personas posible dentro del país dependa de él. ¿A cuántos
millones de venezolanos no los tienen ya dependiendo de los famosos Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs)? ¿Y a cuantos otros no nos
tienen dependiendo desesperadamente de unos sueldos míseros quince y último? De
allí: el miedo generalizado. Por eso, la nómina de la Administración Pública se
ha inflado de manera tan absurda. Mi hipótesis es que a las universidades las
han hecho parte de ese diabólico esquema.
A todo el aparato público lo han venido engordando como si fuera uno de
esos cochinos que, de tanto engordarlos para sacarles el mayor de los provechos
en su sacrificio, llega un momento en que ya no pueden caminar. Así le ocurre
en este país a los tribunales, hospitales, empresas autónomas,…, universidades.
Grandes estructuras consumidoras de nómina que han venido progresivamente
pudiendo hacer mucho menos de lo que deben hacer, hasta verse entrampadas en el
marasmo de su inviabilidad operativa.
Expuesto el
diabólico esquema, en un largo inciso, ahora podemos conectar con nuestro tema:
¿Pudiera una alternativa de redimensionamiento organizacional generar ahorros
para utilizarlos en beneficio de la Academia? En principio no. Bajo el esquema
del Régimen Destructor, gastos de personal que se ahorren, se lo quedan ellos.
A menos que se intente negociarlo y admitan la reorientación de recursos.
Debería planteárseles. ¿Podría deparar tal negociación una respuesta positiva?
La respuesta se la dejo a mis lectores. Entretanto, las instituciones deberían
acometer un esfuerzo supremo de reducción de gastos operacionales a nivel de la
administración central, a objeto de insuflarle el mayor oxígeno posible a la
actividad académica que se realiza en las facultades.
Antes de pasar a
la alternativa que nos queda, no he podido sustraerme a la tentación de
enunciar otra propuesta que se le podría plantear al Gobierno. Dada la crónica
insuficiencia de los recursos que se están recibiendo para mal cumplir esas, ya
mencionadas, funciones de carácter social que la Universidad realiza por
delegación del Estado, lo cual nos
genera un gran problema y masivo descontento estudiantil: ¿No se podría
proponerles que se les devuelve esa responsabilidad? En todos los países que
funcionan, la responsabilidad, por ejemplo, de transportar los estudiantes
hacia sus sedes universitarias es de los entes de transporte público,
usualmente gestionados por los gobiernos locales –quizás con subsidios del
gobierno nacional para cofinanciar los significativos descuentos de los bonos
de transporte para los jóvenes-. ¿Hasta cuándo puede la Universidad gestionar
servicios para los que no recibe suficientes recursos y que, en verdad, no le
competen a ella sino al Estado? Tampoco es que esta iniciativa vaya a generar
unos ahorros reinyectables a la Academia, pero al menos coloca la
responsabilidad a cargo de quien por ley debe gestionarla y simplifica los
objetivos organizacionales de la Universidad. Zapatero a sus zapatos, la
Universidad enfocada en la Academia, ¡cómo debe ser!
III- ¿Pueden los estudiantes ser parte de la solución? ¿Deben?
Hemos dejado para
el tramo final el análisis de la alternativa más anti paradigmática, por cuanto
implica una ruptura, aunque sea parcial, con el paradigma de la gratuidad que,
a lo largo de toda la historia del subsistema universitario de financiamiento
público, se ha mantenido como un calificativo inseparable del concepto de
universidad popular. ¿Están los estudiantes en esta Venezuela empobrecida de la
segunda década del Siglo XXI en posibilidad de contribuir, financieramente,
para que la actividad académica se pueda realizar en condiciones más idóneas?
¿Deben hacerlo?
Nótese que se
plantean dos interrogantes. Con relación a la primera, tiene sentido hoy día
preguntarse si la posibilidad de contribuir con miras a lograr un impacto lo
suficientemente significativo sobre la calidad académica todavía existe
–obviamente suponemos que anteriormente existió aunque no fuera utilizada-. Como
lo hemos dicho tantas veces: Venezuela viaja en un ascensor empobrecedor hacia
abajo, cada vez más distante del piso y a mayor velocidad. Lo que anteriormente
era una familia perteneciente a lo que, comúnmente, se denominaba clase
popular, en la actualidad estará sumida en condiciones de pobreza extrema con
muy contadas excepciones. Mi hipótesis es que los estudiantes provenientes de
esos otroras estratos populares, muy difícilmente habrán podido mantenerse en
las aulas universitarias. Puede ser que todavía estén inscritos, pero de allí a
que puedan ejercer sus funciones como estudiantes activos se ha constituido en
una brecha insuperable que se amplía día a día. Simplemente, los costos conexos
a la condición de ser estudiante universitario, aun siendo gratuitos estos
estudios, se les han tornado impagables.
El consecuente
fenómeno es una visible merma en las aulas. Una merma de la que se debería
hablar más en las altas esferas universitarias. Una merma que representa miles
de oportunidades perdidas que no se computan. La Universidad ha dejado de ser
esa maravillosa máquina de la movilidad social. Ha perdido ese perfil popular
que tanto nos enorgullecía, aunque, en cierta forma, siga reteniéndolo si
computamos a los estudiantes provenientes de las familias de la otrora clase
media, hoy empobrecida, como los nuevos representantes de las clases populares.
Son los efectos del ascensor que no se detiene.
Es una hipótesis.
Revestida de cierta lógica, pero al fin y al cabo una hipótesis, cuyo único
efecto práctico es la invitación que de ella se deriva para que las
instituciones asuman, de inmediato, una seria investigación sobre el perfil
socio económico de su estudiantado. Del que está acudiendo a las aulas, porque
es menester sincerar también, de una vez por todas, la nómina estudiantil. La
Universidad debe investigarse a sí misma. Producir sus propias estadísticas a
fin de obtener una nítida radiografía de su estado actual. No puede estar
ausente del conjunto de objetivos específicos de ese estudio de sí misma, la
indagación sobre las posibilidades de la población estudiantil como sector
contributivo a la sobrevivencia de la Academia en las actuales circunstancias.
No puedo decir, escribiendo entre cuatro paredes, que en el sector estudiantil
resida una solución. Hay que indagar al respecto partiendo de datos reales.
Insisto en esta idea: lo que no se puede hacer ante la grave problemática que
nos afecta es no hacer nada. Hay que mover las piezas.
Si yo extendiera
mi hipótesis un poco más allá: me atrevería a decir que la mayoría de los estudiantes
que permanecen en las aulas universitarias provienen de la educación secundaria
privada. Pero este hipotético escenario, considerando el contexto de severo
empobrecimiento de todos los estratos sociales exceptuando a los de mayor
ingreso, no aporta el suficiente sustento como para afirmar que en ese sector
de la población estudiantil estén dadas las condiciones de potencial económico
utilizable de cara al objetivo que hemos planteado. Se requiere de una
observación más profunda, porque hoy día en ese sector confluyen realidades
socio económicas bien disímiles. Bien bueno para algunos padres que sus hijos
ya accedieron a una educación universitaria gratuita y, por ende, no tienen que
pagar una educación privada que ya no estarían en condiciones de poder pagar. Pero
esa no es la realidad de todos los padres. También los hay quienes invirtieron
en una educación secundaria de calidad para sus hijos pagando costosas
matrículas en prestigiosos colegios privados, que siguen teniendo margen
económico como para continuar invirtiendo en una educación universitaria de
calidad y que, sencillamente, envían a sus hijos a la universidad nacional gratuita
porque siguen percibiendo en ella el mejor reducto de calidad académica donde
sus descendientes se pueden formar. Cuántos de ellos no se sienten orgullosos
en que sus hijos puedan acceder a una UCV, a una ULA, a una UC, etc.
Es pertinente y
necesario traer a colación un tema que para muchos pasa inadvertido. La
segmentación de calidad que existe a nivel de la educación secundaria –la
existencia de un profundo desnivel entre la calidad de la educación secundaria
pública y la de algunas instituciones privadas-, no ha tenido un espejo a nivel
de la educación universitaria. Todavía es percibido por muchos padres y jóvenes
aspirantes a ingresar al subsistema de educación superior que la educación
universitaria de mayor calidad es provista en algunas de las universidades
nacionales –las que denomino las universidades de verdad-. Esos padres quizás no tengan conciencia que
ese último reducto de calidad académica para sus hijos está muriendo. ¿No
estarían dispuestos ellos a contribuir con un aporte para tratar de garantizar
que sus hijos puedan continuar recibiendo formación en laboratorios mejor
equipados, aulas bien iluminadas y mejor protegidas,…? Y no me atrevo a decir
con profesores mejor pagados, porque este ya es un tema que ubico en el
escenario de “construcción” –ver segunda entrega-. Hacia lo que apunta esta
reflexión, es a la necesidad de involucrar a los padres en el diseño de la
necesaria acometida estratégica que la Universidad debe emprender en su
objetivo de salvamento de la Academia. Esto implica también un cambio radical,
anti paradigmático, en el discurso de la Universidad. Un discurso dirigido
también hacia los padres.
La principal
conclusión que se puede extraer de esta especie de tormenta de ideas, es la
necesidad de levantar la información pertinente
de cara a escudriñar la posibilidad que se propone en esta alternativa. Sólo
del análisis de la data real, se podrá valorar su factibilidad. Y de ser
factible, el estudio y selección de la modalidad que puede ser aplicada. Una
cosa si es cierta, el aprobar una normativa al respecto por las máximas
instancias universitarias le aportaría orden a un proceso que ya comienza a
aflorar de manera muy desordenada en algunas instituciones –dependencias
académicas como cátedras y departamentos asumiendo de manera autónoma y
discrecional solicitudes de contribución a sus estudiantes para poder
funcionar-.
Con relación a la
segunda interrogante: ¿Deben los estudiantes y/o sus padres hacerse parte de un
esquema de contribución financiera hacia las universidades? Una pregunta que,
seguramente, concitará un interminable debate en el seno de las comunidades
universitarias. Un debate que se distancia del espacio de las ideas pragmáticas
en el que me he movido, para elevarse a uno más abstracto en el que se confronten
argumentos axiológicos. El SÍ a esta pregunta para muchos será asimilable a
RENDICIÓN: la cesión de un derecho largamente adquirido. Ya me parece
escucharlos, van a ser los mismos que todavía dicen en sus discursos “Con la
Universidad no podrán” –se refieren a “LOS DESTRUCTORES”-. Cada vez que oigo
esta expresión repleta de un bien intencionado voluntarismo, me embarga la
convicción de que existe un error en el tiempo verbal de esa oración. Se
refieren a un futuro imaginario por ser deseable, al que yo antepongo un
antepresente “Con la Universidad han podido” o, quizás con mayor precisión, un
gerundio progresivo “Han venido pudiendo”. Han venido haciendo con nosotros los
que le ha dado su real gana. Por no habernos sabido defender –afirmación que
asumo en términos de nuestra responsabilidad colectiva-, nos han arrinconado
hacia una esquina donde lo más triste, para algunos, es ver morir a la
Academia.
Soy plenamente
consciente de la dureza de mis afirmaciones pero así lo siento. Y por ello,
eludo participar en un debate a desarrollarse en un espacio que ha sido vaciado
por “LOS DESTRUCTORES”. ¿Cuál es el derecho al que se renuncia? ¿Al de una
farsa académica con gratuidad? Porque a eso vamos tendiendo: a farsa académica.
Si las universidades continúan, inalterablemente, su recorrido por la
trayectoria en la que transitan, se hundirán en la mediocridad. Ningún gobierno
que venga después de los bárbaros destructores, de estos “Atilas” del siglo
XXI, sea de transición o puramente integrado por la actual oposición, contará
con recursos para imprimirle viabilidad a un modelo que se agotó. Por esta
razón, prefiero poner a pensar, reflexivamente, a los estudiantes y sus padres
sobre las opciones que se le presentan.
Siguiendo el
curso actual: jóvenes universitarios malgastando su tiempo con una pésima formación en procura de un título de
mermada utilidad. O, alternativamente, involucrados en una estrategia colectiva de RESISTENCIA ACADÉMICA,
tratando entre todos -es decir: siendo ellos con sus padres también partícipes de un mecanismo
compensatorio de la innegable inviabilidad en la que nos vemos inmersos-, de
preservar las condiciones en las que se realiza la Academia. Esta no es la
solución total a la problemática sistémica que afrontan las universidades, pero
puede ayudar a desacelerar la velocidad de decaimiento. Luchemos para que
vengan tiempos mejores, en ellos tendrán que generarse soluciones más
integrales.
Para concluir,
deseo pronunciarme sobre un aspecto concreto en la implantación de esta
alternativa, aunque hasta ahora la haya abordado con unas ideas
de carácter muy general. Siendo los estudiantes (y sus padres) partícipes de la
solución, las instituciones deben garantizarles que los recursos que se
obtengan por esta vía sean, exclusivamente, orientados a mejorar las
condiciones en las facultades a través de programas específicos. Propongo la
integración de consejos de administración por facultad de estos recursos, en
los que participen representantes estudiantiles –seleccionados, por favor,
entre los de mejor record académico- y representantes de los padres. Insisto
en esta idea novedosa de hacer parte del
problema, y también de la solución, a los padres y representantes de los
estudiantes. Una audaz estrategia comunicacional dirigida hacia ellos podría
convertirse en el gran factor revulsivo de una acometida estratégica tan revolucionaria como la que he osado asomar. Lo de revolucionaria me generó cierto rechazo pero es lo que es: revolucionaria, anti paradigmática, innovadora para estos lares, pero
indispensablemente necesaria, así lo veo yo.
