Derogatoria de la Ley de Gravedad

Asdrúbal Romero M.

Un tribunal ordenó fin del paro de “pobresores” en el Pedagógico de Caracas. Sentencia con la cual dio respuesta a un recurso de amparo introducido por tres estudiantes, seguramente oficialistas, que demandaban por la violación a su derecho al estudio. Cuando leí esta noticia (El Nacional, 4/6/2013) me vino a la mente una delirante escena en “Árbol de Luna”, una novela de Juan Carlos Méndez Guédez, barquisimetano residente en Madrid que se ha convertido, a fuerza de tenacidad y brillantez, en uno de los más destacados representantes de esta nueva generación de escritores nuestros.

Ocurre en Barquisimeto: una severa escasez de agua ha concitado una protesta estudiantil que apunta a generar un ambiente de exaltación peligroso para el partido que está de turno en el poder (transitan los tiempos de la Cuarta). El Presidente llama a Gerardo, un típico maniobrero “componelotodo” que, en ese momento, se encuentra en Maracaibo montando un negocio de compra de unos tanques militares viejos por el cual recibirá una comisión. Aunque teme que a los larenses no se les haya olvidado todavía lo de las maquinas quitanieve que le había vendido al Alcalde de la ciudad, no le queda más remedio que trasladarse. Se incorpora a una reunión de la Asamblea Legislativa, la gritería es total, pero él, con sus habilidades, logra que todos se callen para escuchar el informe del Ingeniero Municipal. Al joven no le queda otra sino reconocer que el acueducto recientemente construido padece de un serio problema: la ley de la gravedad no permite que el agua llegue, ¡no tiene la presión suficiente! El tal Gerardo consigue inspiración en su repertorio de farsanterías y grita: “Señores, el bien de la Patria nos exige acabar con esa maldita ley que evita que crezcan las flores en los corazones y en los jardines de nuestra gente”. Acto seguido: propone la derogatoria total de la ley de la gravedad en todo el territorio de la ciudad de Barquisimeto. Después de algunos cuchicheos entre los diputados, todos alzan ardorosamente sus brazos, incluyendo los de la izquierda que eran minoría, y así, por unanimidad, la ley queda derogada.

Cuenta Estela Dublín, protagonista y amante del Gerardo, que cuando se montan en el avión para regresar a Caracas, el piloto le llama para consultarle si la eliminación de la ley de la gravedad afectaba también a las líneas aéreas. Por supuesto que les recomiendo lean la versión original, mucho mejor construida e hilarante que esta sintética versión libre que me he atrevido a compartir con ustedes. Como ésta, se encuentran en la novela otras tantas anécdotas que confluyen en trasmitirnos una revisión paródica de nuestra historia política contemporánea. Se trata de un “país atenazado por la falsedad política”. Seguro estoy que Juan Carlos no confrontaría problema alguno para surtir una segunda parte de su original novela, con un renovado y formidable anecdotario gestado en estos tiempos de la Quinta. Si en algo se han destacado, ha sido en superar con creces todo aquello que con tanta energía criticaron cuando eran minoría.

Cualquier gobierno democrático entiende que la bondad o perjuicio del impacto de su manejo macroeconómico sobre los bolsillos de los trabajadores tiene que ser, naturalmente, sometido al escrutinio de éstos en las mesas de negociaciones. Si las políticas económicas resultan en un fracaso del tema inflacionario, es cuestión, simplemente, de ponerse en el lugar del otro para asumir que tendrá que sufragarse el costo, de ese fracaso, mediante su sometimiento a un proceso de negociaciones mucho más arduo y en el cual, muy probablemente, se verá visto obligado a ceder incrementos salariales más elevados. Es una verdad de Perogrullo, pues bien: este régimen que nos preside se resiste a aceptarlo como un hecho lógico y natural. No suficiente con ello, cuando se ve presionado a conversar: también pretende seleccionar a sus interlocutores y desconocer el legítimo derecho de los trabajadores a decidir libremente quiénes ejercerán su representación. En el caso de la problemática del sector universitario, no albergo duda alguna que a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) le autentica un prolongado, y profusamente documentado, aval histórico para ser reconocido como la natural contraparte en las conversaciones sobre el tema salarial. Si algún cuestionamiento pudiera hacérsele a los representantes de FAPUV, en el sentido de tener demasiados años en sus cargos representativos, es consecuencia de la maldita treta, también de este régimen, de maniatar a través del CNE el funcionamiento democrático de la mayoría de las organizaciones gremiales y sindicales de este país.

A pesar de los elementales argumentos señalados, el recientemente designado Ministro para la Educación Superior (otra treta muy utilizada por este gobierno para dilatar lo ya desesperadamente impostergable es designar, a las puertas de un conflicto, a un nuevo rostro de autoridad) insiste en no reconocer a FAPUV o, en el mejor de los casos, remitirla como simple oyente a una mesa que tienen montada desde hace tiempo con sus sindicatos amigos. Este simple hecho ya justifica el Paro Universitario, otra cosa es que sea una herramienta estratégicamente efectiva frente a un régimen tan abusivo como el que sufrimos (sobre esto albergo ciertas dudas: cómo no tenerlas ante un gobierno que ya decidió quitarse su máscara de democrático).

Lo cierto es que estamos frente a un estruendoso fracaso económico del Gobierno que, evidentemente, nos conduce a un acelerado empobrecimiento de todos los asalariados compatriotas, sobre todo: de los adscritos al sector público. No obstante: se insiste en no dar la cara; en desconocer a la otra parte; en pretender tapar el sol con un dedo apelando a subterfugios como el desvergonzado argumento que el tema salarial universitario no es asunto de su incumbencia o ese de mandar a unos estudiantes a demandar la violación de su derecho al estudio. ¿Para qué contamos con todo el aparato judicial rodilla en tierra? –dirán ellos-. Cualquier juez sensato e independiente se habría pronunciado sobre la imposibilidad de otorgar un amparo ante la evidente colisión de dos derechos constitucionales. También los “pobresores” tienen el derecho constitucional de recurrir a la medida extrema, habida cuenta de que ni siquiera un espacio les es concedido para plantear su justa queja laboral. ¿Qué nos extraña? Este régimen viene recorriendo, desde hace mucho tiempo, un camino empedrado a punta de falsedades. Recurrirán a la interpretación sesgada de las leyes; harán nuevas de ser necesario y cuando se les oponga a sus designios una ley física, como la de la gravedad, den por seguro que la derogarán. Así, próximamente, nos verán a todos flotando indefinidamente.