FOPEDIUC: ¿Otra vez
centro de la discordia?
I-COMENTARIO PRELIMINAR
Entre 2001 y 2003 escribí una novela.
¡Quinientas cincuenta y siete páginas! Terminó siendo un ayuda memoria
autobiográfico de mi vida política en la Universidad, plagada por un pésimo
estilo literario, cómo era de esperar, y además muy mediatizada por los
sentimientos que me impulsaron a escribirla. Llevaba en mi corazón la tristeza
de haber visto ensombrecida mi gestión rectoral por un injusto conflicto
político que tuvo como epicentro al FOPEDIUC, sí, precisamente al FOPEDIUC. Con
una profunda carga emocional como esa, el producto no podía ser bueno
–reflexión en tono muy sutil que me hiciera mi maestra Laura Antillano-. No se
escribe para cobrar cuentas. No se publicará, aunque en ella se contienen
algunos pasajes reflexivos que hoy día, más de quince años después, todavía
mantienen plena vigencia.
Observando la posición de algunos miembros del
claustro profesoral en las redes sociales, sobre lo que podría ser el triste
destino de FOPEDIUC, se me ocurrió la travesura de publicar un pasaje de “Los
Dueños Son Otros”. Se trata de una conversación que se celebra dentro de las
cuatro paredes del Despacho Rectoral. Hablan: el Rector, es decir, yo en
aquella época, y dos de sus más cercanos colaboradores. La conversación es de
mucha confianza y los diálogos son muy coloquiales. Lo que allí se conversa no está
directamente relacionado con las causales de la presente discordia, pero,
quizás, de este viaje en el tiempo se puedan extraer luces sobre las virtudes
del asambleísmo para la búsqueda de una solución a un problema muy delicado.
FOPEDIUC hoy, no sólo es elemento de discordia entre ucistas. También es una
institución cuya existencia y pertinencia es objeto de debate en un escenario nacional.
Ni siquiera los diversos entes del Estado se han puesto de acuerdo sobre su
visión con respecto al futuro de fondos como FOPEDIUC. Unas lupas muy grandes y
con comprobado poder de fuego están puestas sobre FOPEDIUC. Mosca pues, que de
un asambleísmo a ultranza no devenga una rebatiña o toma de botín que menoscabe
la posición moral que tenemos los universitarios para exigir no se comprometa
el futuro de nuestras pensiones.
A continuación, el texto tal cual fue escrito,
sin ningún cambio o tachadura:
II-Conversación en el Despacho
Rectoral
-Miren, no caigamos en disquisiciones de
carácter general, concentrémonos en el problema de las jubilaciones
universitarias. ¿Qué hizo el Estado Venezolano? Borro lo que dije – en ese
momento, Alejandro coloca dos de sus dedos de su mano derecha, el índice y el
medio, y comienza a pedalearlos sobre su lengua, era su típico gesto cuando
quería rectificar sobre algo que había dicho-, el concepto de Estado le queda
muy grande a los irresponsables gobiernos de carne y hueso que hemos
tenido. ¿Qué hicieron nuestros
gobiernos? Dejaron el problema del manejo de las pensiones jubilatorias de los
universitarios en manos de las universidades. ¿Lo hicieron por respeto a
nuestra autonomía, o por desidia, para desembarazarse de un problema a futuro
de dimensiones que ni siquiera se tomaron la molestia de visualizar? No importa
el motivo, lo cierto es que lo dejaron en nuestras manos. La Ley de
Universidades lo expresa muy claro.
Después
de un silencio lo suficientemente largo como para no pasar inadvertido,
Alejandro continúa con ese ímpetu discursivo que le invadía de vez en cuando.
-¿Y qué han hecho las universidades al respecto?
Crear tardíamente unos fondos de pensiones inútiles, insuficientemente
aportados, impericiamente administrados y además, creados con un marco legal
equivocado, porque los constituyeron como asociaciones civiles. Me imagino que
alguna universidad dio el primer paso y las otras, como siempre, se copiaron el
esquema. ¿Qué pasaría si la Asamblea del Fondo, constituida por todos los
profesores ordinarios y que es, según su estatuto, la máxima autoridad,
decidiera distribuir todo el patrimonio del Fondo en partes iguales para cada
uno? Pues que de acuerdo al marco legal podría hacerlo y eso es incorrecto.
Esos recursos son de la Universidad, son fondos públicos destinados a un fin
muy específico: cancelar las pensiones de todos los jubilados. ¿Cuándo? Una vez
el Fondo haya alcanzado el patrimonio suficiente, para que con los rendimientos
que de él se devenguen pueda cancelarse la nómina de los jubilados. Está muy
claro, ahí lo que debió haberse constituido: era una especie de fideicomiso, al
cual aportaran tanto los profesores como la Universidad, pero ese patrimonio
debía seguir siendo de la Universidad, que es la que tiene la responsabilidad,
y no de los profesores como muchos dicen ahora. Diómedes, ya tú estabas en la
Directiva como suplente del finado Pedro Bolaños, que en paz descanse, cuando
la Comandante Moraima y sus secuaces andaban con la tesis de partir el Fondo en
dos y crear una segunda caja de ahorros para otorgarle créditos a los
profesores. ¡Si eso no es para ese fin! Pero, ¿quién le pone el cascabel al
gato ahora? Ni siquiera se tomó la previsión de crear un fondo individualizado,
donde cada cual supiera: cuánto había aportado para su futura pensión. ¡No! Se
creó un fondo colectivo que no le duele a nadie, y que hay unos cuantos que no
hallan cómo hacer para empezar a despalillárselo.
-El problema es: que ellos dicen que esos reales
están ahí descapitalizándose y que, al final, no van a servir para nada. Te lo
digo, porque el otro día hablé con mi amiguita Moraima, aunque tú no la
quieras, y me explicó sus razones –aclara Amanda con un cierto tono de
picardía-.
-Eso es verdad, pero no les da la razón suficiente
como para querer disponer de ese fondo. ¿Y por qué ahora es un fondo inútil?
Primero, se creó en el 84, cuando la Ley ha estado vigente desde el 71, creo.
Luego el monto inicial con que lo crearon era insuficiente, y los aportes ni se
diga. Un uno y medio por ciento de su sueldo aportaba el profesor y otro tanto
la Universidad, así fue hasta el 93, que logré que la Asamblea me aprobara un
incremento de los aportes para llevarlos al tres y tres. Esa proposición se
originó en un estudio, que nos presentaron unos profesores de la Escuela de
Ciencias Estadísticas de la Universidad Andina
a todos los rectores y vicerrectores administrativos reunidos en Puerto
La Cruz para analizar el problema. Ellos decían: que considerando las
esperanzas de tiempo de vida, el régimen vigente de veinticinco años y la
política actual, según la cual: la pensión es prácticamente el cien por ciento
del último sueldo y se actualiza con el mismo porcentaje de aumento cada vez
que se le incrementa el sueldo a los profesores activos, la aportación total,
entre universidad y profesor, ¡debería ser el veintiséis por ciento del
sueldo! La única institución que se
aproximaba era la Oriental, que tenía el diez y el seis respectivamente. De ese
estudio fue que surgió: la resolución del Consejo Nacional de Universidades, de
comenzar a incrementar los aportes un uno por ciento, cada año, hasta llevarlos
al seis y seis, en el caso de las que andábamos por debajo de esos porcentajes.
Pero ya era una resolución muy difícil de cumplir, lo logré la primera vez,
pero cuando traté en la siguiente de incrementarlos a cuatro y cuatro, no logré
la aprobación, ni siquiera sometí a votación la propuesta porque era evidente,
con las intervenciones, que iba a perder. Esa pequeña historia evidencia la incongruencia:
las universidades no podían cumplir con la resolución, porque al crear los
fondos como asociaciones civiles habían perdido el control de ellos. Ya las
universidades no podían tomar, unilateralmente, la decisión de incrementar los
aportes profesorales, quizás, podían incrementar los suyos, pero yo fui el
primero de la idea: que no se podían seguir arriesgando fondos públicos ante
ese torigallo legal que habían creado.
-¿Torigallo?
-Ese marco legal no es un toro ni es un gallo,
sino todo lo contrario.
